El decano del Colegio de la Abogacía de León y recientemente nombrado presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ofrece una radiografía de la situación actual de la profesión, sus retos y la repercusión de las recientes reformas legislativas. En un momento de incertidumbre para el sector, su voz resuena con especial relevancia.
Inseguridad jurídica y reforma legislativa fragmentada
«Vivimos un momento de incertidumbre, preocupación y mucha inseguridad jurídica», advierte Rodríguez Santocildes. La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que introduce medidas de eficiencia en la justicia, supone «la tercera reforma de gran calado en menos de un año y medio». Para el decano, estos cambios han sido aplicados de forma fragmentada, lo que ha generado «dispersión, falta de orden y una evidente carencia de sistemática derivada de una deficiente técnica legislativa».
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva normativa es la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias antes de acudir a los tribunales, especialmente en procedimientos civiles. Santocildes reconoce que esta medida cuenta con defensores y detractores. Recuerda que la abogacía ha sido históricamente una firme defensora de la «cultura del acuerdo», como reflejó el lema del último Congreso de la Abogacía Española. Sin embargo, alerta de que su imposición podría tener un efecto contraproducente: «Convertirse en un mero trámite obligatorio podría desvirtuar su esencia y ser percibido como un obstáculo más dentro del procedimiento judicial». Además, la falta de criterios uniformes sobre la aplicación práctica de este nuevo requisito procesal está generando gran preocupación e inseguridad jurídica entre los profesionales. El tiempo dirá si esta medida realmente contribuye a descongestionar los juzgados o si, por el contrario, añade una carga burocrática innecesaria.
El nuevo modelo judicial y su impacto en la organización
Otro de los cambios significativos que introduce la ley es la creación de los tribunales de instancia, que sustituirán a los actuales juzgados . Para Santocildes, no se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino de una transformación estructural profunda: «Este modelo implica la conversión de los juzgados en secciones de tribunales colegiados, lo que supone un giro radical en la organización judicial». El principal desafío, según el decano, es la dotación de los recursos necesarios para su implementación: «Si la reforma no viene acompañada de los medios materiales y personales adecuados, podría derivar en graves disfunciones en el sistema judicial». En este sentido, destaca el papel clave que juega el Consejo General de la Abogacía Española, que colabora activamente con el Ministerio de Justicia para que la transición sea lo más fluida posible.
La Ley del Derecho de Defensa
Otra reciente norma que afecta directamente a la abogacía es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, aprobada a finales de 2024. «Esta ley ha sido una reivindicación histórica de la abogacía. Regular el derecho de defensa en una norma de rango de Ley Orgánica le otorga una fuerza simbólica de primer orden, alineada con su relevancia constitucional», destaca el decano.
«El derecho de defensa no es una ley para los profesionales, sino para la ciudadanía, pues le legitima para defender y hacer valer sus derechos, libertades e intereses legítimos», enfatiza. Además, subraya que garantizar este derecho exige una abogacía fuerte, unida, formada, confiable, respetada e, incluso más importante, independiente e íntegra.
Asimismo, la ley avanza en materia de conciliación, reconociendo el derecho de los profesionales a conciliar su vida laboral y familiar, un aspecto que aún requiere mejoras sustanciales.
Turno de oficio: una reivindicación histórica
Preguntado por la situación del turno de oficio, Rodríguez Santocildes no oculta su preocupación: «Es un pilar fundamental de la justicia y un derecho esencial para la ciudadanía, pero sigue sin recibir el reconocimiento que merece». Se está trabajando en una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que se espera vea la luz pronto. Aunque recientemente se ha aprobado un incremento del 8% en la retribución de los abogados de oficio, el decano considera que la subida es claramente insuficiente: «El baremo no se había actualizado desde 2018, y este aumento está muy por debajo de la inflación acumulada en estos años». Además, insiste en la necesidad de retribuir todas las actuaciones profesionales y los gastos de desplazamiento, evitando que los abogados trabajen sin remuneración. También recalca la importancia de un mayor reconocimiento social para los profesionales que garantizan el acceso a la justicia de todas las personas en igualdad de condiciones.
El reto de una jubilación digna
Otro de los grandes desafíos de la abogacía es la retribución en la etapa de jubilación. Santocildes defiende una reforma que garantice condiciones dignas para los profesionales al finalizar su carrera, independientemente del régimen de cotización. Apoya la propuesta de permitir que los mutualistas puedan transferir sus ahorros al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. «Es una reivindicación justa y el Gobierno tiene en sus manos la aprobación de la normativa que lo haga posible». Subraya la necesidad de garantizar «pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, así como el derecho a una suficiencia económica en la tercera edad».
Con un horizonte de profundos cambios para la profesión, la abogacía sigue en primera línea de la defensa de sus derechos y de la mejora del sistema judicial. Bajo el liderazgo de Rodríguez Santocildes, los abogados de León buscan afrontar los desafíos con una visión clara: garantizar un servicio de justicia eficiente y accesible para todos.