El director del Servicio Común General en Ponferrada, José Miguel Carbajosa, tomó la palabra para detallar los motivos de esta huelga y las consecuencias que tendrá a nivel municipal. Si bien mostró, al igual que los otros ocho letrados que lo acompañaron, su tristeza por afectar a la población con esta decisión, aseguró que es ya la única vía para conseguir hacerse escuchar.
Según detallaron, reclaman que se cumplan los acuerdos firmados por el Ministerio de Justicia el 22 de abril de 2022. Los letrados de la Administración de Justicia han visto cómo sus competencias laborales han aumentado en un 70%. Si bien para su desarrollo se ven “capacitados y preparados”, consideran que deben recibir una mayor dignificación, tanto a nivel retributivo como en el aspecto negociador en una futura reforma. “Pensamos que este aumento de competencias debe ser retribuido, pero no es nuestra principal reivindicación. Buscamos que se cumplan los acuerdos firmados”, apuntó Carbajosa.
Entre estos acuerdos se incluyen peticiones de reclasificar al colectivo entre los grupos de población “para que los compañeros que entran en el cuerpo tengan un salario digno”, de cuidar las sustituciones, que existan unos planes de actuación en cuanto a entradas y registros, o que se cambie el reglamento orgánico.
Hasta el momento, sus reivindicaciones no han sido tomadas en serio, por lo que aseguran haberse visto obligados a realizar este parón indefinido en sus labores. Incluso señalan un “trato vejatorio” por parte del Secretario de Estado al aseverar que la huelga tiene color político y que “buscamos fastidiar al ciudadano”.
Actualmente, este colectivo, el cual representa únicamente a un 8% de los funcionarios de la Administración de Justicia, cobra el 65% del sueldo de un juez mientras buscan que esta cifra aumente hasta el 85%, según figura en una plataforma de negociación que se encuentra en un estado de congelación. De hecho, tener una representación tan pequeña en comparación con otros grupos les priva de voz y les deja fuera de la defensa de los intereses de los sindicatos mayoritarios.
La suma a la huelga en Ponferrada se produce dos semanas más tarde que a nivel estatal a causa de la reclasificación de los juzgados efectuada en el municipio, la cual entró en vigor el día 1 de enero. “Dejar las oficinas judiciales sin nuestra dirección durante este mes pasado hubiera sido caótico. Aunque estábamos todos de acuerdo, decidimos dejarlo hasta ahora”, comentaron.
Las consecuencias
Entre los perjuicios al ciudadano que va a ocasionar la cuelga de sus togas de forma indefinida, se paralizarán las actuaciones judiciales en Ponferrada. Sin la presencia del colectivo, los juicios no se pueden realizar, excepto lo establecido como servicios mínimos como temas de juzgado de guardia, violencias de género, registro civil u otras actuaciones urgentes.
Intentando cifrar un cálculo aproximado de este colapso de la justicia, los letrados de la Administración de Justicia aportaron un dato como ejemplo. Este lunes 6 de febrero, de los trece juicios planificados, solo se celebró uno porque tenía un preso, lo cual entra en los servicios mínimos. Los suspendidos, se aplazarán hasta principios de 2024.
A partir de ahora, se ha decidido paralizar todo lo que no sea urgente. “No va a llegar ninguna demanda ni ningún escrito que no sean asuntos cautelares urgentes o causas penales con ingreso”, apuntó Carbajosa.
Otro ejemplo es que esta semana se suspenderán cuatro lanzamientos en desahucios. "No va a salir ningún papel ni para un juicio del año que viene. La citación no saldrá. Los letrados de la Administración firmamos prácticamente todo, como la diligencia de publicación de las sentencias puestas por un juez", apuntaron.
“Tristemente, tenemos que hacernos oír. Esperamos que la ciudadanía nos entienda. Hemos peleado muchísimo. Nosotros somos los primeros que no queremos tirar por la borda el trabajo que estamos haciendo, pero no nos queda otra”, expresaron para concluir.