La investigadora de la ULE quedó segunda en la fase regional del concurso de tesis en tres minutos Tanto el ‘trailer’ como el ‘largometraje’ de Lidia García Martín plantean cuestiones de la «brecha digital» que implican las relaciones exclusivamente electrónicas que plantea la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Una ‘herida’ que se hace especialmente palpable en territorios como León, con una pirámide demográfica tan envejecida. Además de a la tercera edad, el acceso a internet podría suponer inconvenientes para colectivos en riesgo de exclusión social que deberán mediar con el ‘gigante’ de la Administración a través de una pantalla.
No obstante, la Administración electrónica «es una realidad con independencia del grado de envejecimiento» y provincias como León deberán ‘ponerse las pilas’ para adaptarse a la legislación. «Resulta sumamente inexplicable que se obligue a usar medios electrónicos a determinados sujetos que no tienen un acceso garantizado sin siquiera a internet. Y en la provincia de León está ocurriendo», explica la investigadora leonesa.
Una «marcada brecha digital entre la población urbana y rural en el acceso a la tecnología» que para Lidia García Martín denota que «la configuración de la Administración electrónica está a años luz de lo que realmente aspira a convertirse». «Pese a que han sido muchos los esfuerzos realizados en pos del uso de medios electrónicos aún se reportan insuficientes», concluye la futura doctorada de la Universidad de León (ULE).Unos pasos que todavía quedarían por dar también a la hora de que las personas con falta de recursos o con dificultades para poder acceder a internet puedan realizar sus gestiones de manera online. Una cuestión que la LPAC intenta salvaguardar en su artículo 12 ofreciendo a los interesados que carezcan de los medios necesarios la posibilidad de que sus trámites sean resueltos por los funcionarios públicos. «En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio», matiza esta joven leonesa.
Luces y sombras de la ley
La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común implica una «postura rotunda» en el uso de medios exclusivamente electrónicos en el día a día de las Administraciones públicas. Un hecho que Lidia García Martín considera como «ilusionante» debido a la «infinidad de beneficios» que reporta en cuestiones de «eficacia, eficiencia y ahorro de costes».Los problemas de acceso y conocimientos suponen un escollo para la tercera edad y personas sin recursos No obstante, la regulación también esconde aspectos «terriblemente decepcionantes», entre los que la investigadora leonesa actualmente residente en Bolonia cita la propia obligatoriedad de los medios electrónicos a todas las personas jurídicas «con independencia de su tamaño y formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación». Del mismo modo, García Martín considera que existe una «falta de medios en el propio sistema interno de las Administraciones públicas» que fomente esta relación necesariamente electrónica con la calle.
"Tomar conciencia" de este salto
Al menos tantas sombras como luces en la vigente LPAC que estudia esta leonesa en Bolonia pero, ¿pasa la solución por una mayor formación en hacer ‘papeleos’ de forma online? A juicio de Lidia García Martín «sin educación en medios electrónicos es difícil concienciar a los interesados que el futuro es ese».Sin educación en medios electrónicos es difícil concienciar a los interesados de que el futuro es este A este respecto, la investigadora de la ULE considera que es «equivocado» el sistema de asistencia planteado en el artículo 12 «porque excluye a la totalidad de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, es decir, desde el señor de sesenta años que constituye una sociedad limitada para la apertura de un bar en un pueblo de cien habitantes hasta una multinacional con 50.000 empleados». No obstante, García Martín deja claro que la principal barrera no la ve tanto en los jóvenes y que más bien es problema para el personal funcionario «que lleva trabajando 20 años con el mismo sistema» o personas mayores «abocadas a contratar un gestor». Cuestiones todas ellas en las que se está centrando la tesis de esta joven leonesa que luce el talento de la ULE en su aventura boloñesa.
Tres meses en la ‘capital europea’ del Derecho
La graduada en la Universidad de León se encuentra actualmente en una estancia de investigación en Bolonia, centro neurálgico del derecho administrativo a nivel continental. Una aventura que comenzó el pasado 1 de mayo y que Lidia García Martín desarrolla en la Escuela de especialización en estudios de Administración Pública (Spisa). «Durante estos meses estudio la contratación pública italiana y la regulación de la notificación administrativa en ese país, al tiempo que tomo conciencia del diferente grado de implantación de los medios electrónicos en el procedimiento diario de las Administraciones Públicas españolas e italianas», apunta la investigadora.Además, Lidia García Martín ha participado recientemente en su estancia en la ciudad italiana en el VII Congreso Anual de Infraestructuras y Derechos. Una cita de referencia internacional organizada conjuntamente por la Spisa y el Real Colegio de España de Bolonia y que reunió a profesores de derecho administrativo de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Italia, Portugal, Perú, España, Uruguay y Venezuela.