Recoge, por ejemplo, un pago de 700.655 euros por un servicio continuado prestado al Ayuntamiento entre 2008 y 2013 por pala excavadora, obras, desbroces y servicios menores; otro de 126.419 euros por la apertura, cierre y control del pabellón municipal también en esos mismos años; 148.408 euros más por servicios técnicos municipales de arquitectura e ingeniería entre 2008 y 2012; otros 237.954 por trabajos de jardinería entre 2008 y 2011 o 55.678 euros por el mantenimiento del campo de fútbol en el mismo periodo, de 2008 a 2011. Se cita también otro pago sin especificar de 3.000 euros en 2011; dos de 47.919 y 33.040 euros en 2009 y 2010; uno más de 26.626 euros también en 2010; 16.910 euros en 2009 y un último de 74.719 euros en 2008.
El acusado, explica el fiscal, «ordenó de modo reiterado el pago de grandes cantidades de dinero público prescindiendo del procedimiento administrativo legalmente establecido». Su finalidad, expone, era que «los contratos tuviesenla condición de ‘menores’ al no superar la cuantía de 18.000 euros o el 10 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de la comisión de los hechos, eludiendo así el procedimiento abierto con publicidad y obviando los trámites más estrictos de su contratación por mayor cantidad al tratarse de contratos de obra menor». De esta manera, según la valoración entregada por parte de la Fiscalía, el exalcalde procedió «levantando e ignorando los reparos formulados por parte de la secretaria interventora municipal y sin subsanar las ilegalidades concurrentes, siendo perfectamente conocedor de las mismas».
Detectadas por el Consejo de Cuentas
En el escrito de conclusiones provisionales se hace hincapié, además, en que las irregularidades en los pagos referidos por parte del acusado «fueron detectadas por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León» en acuerdos de 30 de mayo de 2013 (referido a los pagos ordenados entre los ejercicios 2008 a 2011); de 22 de julio de 2015 (referido a los pagos ordenados en el ejercicio de 2012) y de 25 de marzo de 2015 (que complementa al segundo, referido a los pagos ordenados en el ejercicio de 2013).Estos hechos son para el Ministerio Fiscal constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa del que es autor el acusado, al que pide la pena de «diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos.