La fiscal jefe de León denuncia a diputados y técnicos por prevaricación y malversación

La fiscal jefe de León ha decidido formular denuncia contra nueve miembros del anterior equipo de Gobierno de la Diputación y una técnico de la institución, tras advertir posibles indicios de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El origen de la denuncia se encuentra en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la que considera ilícita la renuncia al contrato de ayuda a domicilio aprobada en tiempos de Isabel Carrasco. En la resolución, el TSJ ya solicitaba las diligencias de la Fiscalía, tras detectar presuntas irregularidades. El 4 de marzo, el TSJ remitía al ministerio fiscal la sentencia por «si de los hechos que relata pudiera inferirse que se ha incurrido en responsabilidad penal», según el escrito de diligencias solicitado por la Fiscalía.

En dicho escrito se incluyen los nombres de los denunciados: Marcos Martínez Barazón, José Antonio Velasco, Miguel Ángel del Ejido, Teodoro Martínez, Emilio Orejas, Raúl Valcarce, Yolanda Martínez, María Isabel Fresno, Miguel Ángel González Robla y María de la Paz Diez. La lista de denunciados será previsiblemente más larga conforme avance el caso, ya que la fiscal jefe incluye a «todas aquellas personas que se determinen a lo largo del procedimiento como cooperadoras de las acciones llevadas a cabo». El importante total del contrato, incluyendo las prórroga efectuadas ya por el actual equipo de gobierno, supera los 71 millones.

Los ahora denunciados «acordaron e intervinieron en la renuncia del contrato de servicios del servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes», cuya licitación se había publicado en el BOP, siguiéndose los trámites correspondientes «hasta la citada renuncia, que se produjo en fase de adjudicación provisional» en la junta de Gobierno del 26 de abril de 2012. De la junta de gobierno también formaban parte entonces Lupicinio Rodrigo y Jaime González, aunque ninguno acudió a la que se celebró aquel día. La fiscal jefe, conforme al escrito de denuncia, expone que «el acuerdo alcanzado que se cifró en ‘razones de interés público’ por falta de financiación carece de la más absoluta justificación, puesto que se realizó con conocimiento de que la adjudicataria, quien venía prestando ya tales servicios y cuando realmente, durante todo el periodo de vigencia de lo que sería el contrato al que se renunció, se abonaron, mediante prórroga, los servicios prestados en la zona este a la propia entidad y a otra entidad en la zona oeste, datos que acreditan la existencia de financiación suficiente, como conocían quienes renunciaron al mismo». La fiscal jefe cree que «de dichos hechos serían responsables los denunciados».

Para la comprobación de los hechos,entre otras diligencias practicadas, la fiscal jefe prevé tomar declaración a las personas denunciadas y la recopilación de sus hojas histórico penales, puesto que varios de ellos ya se encuentran implicados en otros casos de presunta corrupción.

De los nueve diputados denunciados por la fiscal jefe, Miguel Ángel del Ejido, Raúl Valcarce y Emilio Orejas forman parte del actual equipo de Gobierno de Juan Martínez Majo y encabezan las candidaturas del Partido Popular a las alcaldías de sus respectivos municipios, Santa María del Páramo, Carracedelo y Valdelugueros. Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros, se presenta a las elecciones con una candidatura independiente, tras salir del PP por su implicación en la trama Púnica. María de la Paz Martínez ha sido concejala por el PP en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas los últimos cuatro años, tras haber sido alcaldesa del municipio en el anterior mandato. José Antonio Velasco, inhabilitado durante cuatro años por prevaricación urbanística, dimitió como alcalde de Congosto en enero del 2018. Teodoro Martínez ha abandonado recientemente la política tras ser alcalde de Villadangos del Páramo. Isabel Fresno también ha estado en la Alcaldía de Vegaquemada durante cinco mandatos y afronta las elecciones para el sexto. Por último, Miguel Ángel González Robla fue alcalde de Soto y Amío hasta 2015.