La Junta lleva este martes al Parlamento Europeo una petición para sancionar a Vestas

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, anunció en Valladolid que la Junta llevará este martes al Parlamento Europeo una petición para sancionar a Vestas, después de anunciar el cierre de su planta en Villadangos del Páramo, y para que la Eurocámara les ayude a encontrar una alternativa industrial a esa factoría. Esa demanda se realizará a través de la Comisión de Peticiones porque consideró que a la multinacional danesa, tal y como ha dicho la ministra de Industria, Reyes Maroto, “no le puede salir gratis” dejar en la calle a cerca de 500 trabajadores, entre personal fijo y temporal, y tras recibir cuantiosas ayudas públicas.

En el marco de la inauguración del VI Congreso de Servicios Energéticos (ESES), la consejera criticó que Vestas es una empresa que presume de ser verde pero es “todo farisaico” porque, en realidad, practica una política industrial "un poco negra”.

Esta iniciativa de la Fundación Anclaje busca asimismo que Europa estudie “si Vestas ha hecho un uso fraudulento de los fondos europeos, nacionales y regionales, contraviniendo los objetivos de promover la cohesión y la solidaridad, y contraviniendo las directrices y recomendaciones de las instituciones europeas”, así como “si se están contraviniendo todos los principios de responsabilidad social corporativa al llevar a cabo un cierre injustificado” y, por último, “si se le debería sancionar, penalizar y exigir la devolución de los fondos públicos recibidos”.

En el escrito remitido al Parlamento Europeo, la Fundación Anclaje recordó que en dicha factoría trabajaban alrededor de 520 trabajadores, a los que hay que añadir otros 1.600 puestos de trabajo indirectos, y que de acuerdo con su memoria anual de 2017 generó ingresos por importe de 9.953 millones de euros y un beneficio de 894 millones de euros.

Asimismo, la Fundación insistió en su rechazo ante lo que calificaron como “una decisión abusiva, injusta y sin precedentes en la industria de Castilla y León”, así como a la política negociadora de la empresa, “su ausencia de tacto y de comunicación con las administraciones”.

También hicieron referencia a los apoyos de las administraciones regionales y nacionales, para su fábrica de Villadangos del Páramo, de fondos cofinanciados por el Feder y cifraron en 4,244 millones de en subvenciones a fondo perdido sobre la inversión en la planta, 1,84 millones en subvenciones a la I+D y 6,479 millones en subvenciones de Incentivos Regionales, a pesar de lo que decidió “deslocalizar la producción en León a mercados terceros después de haber dispuesto de ayudas públicas cofinanciadas con fondos europeos”.

Por ello, Anclaje considera que el anuncio de cierre y el traslado de la producción a países extracomunitarios podría suponer “una utilización fraudulenta de los fondos regionales, nacionales y de la Unión Europea de los que la empresa se ha beneficiado”, por lo que se debería vigilar, sancionar, penalizar y exigir la devolución de los fondos recibidos.

Además, la Fundación remarcó que Vestas cuenta con casi mil empresas suministradoras de bienes y servicios en España, que sufrirían “intensamente” el efecto del anunciado cierre de esta planta de León, que podría cuantificarse en alrededor de 1.600 empleos adicionales, lo que “da cuenta de la extraordinaria gravedad de la situación”.

“Se da además la circunstancia de que parte de estos proveedores son empresas que emplean a personas con discapacidad, centros especiales de empleo. Vestas se ha beneficiado de trabajar con este tipo de empresas y ha utilizado esta circunstancia a efectos del cumplimiento de determinados requisitos legales, y ahora va a originar la pérdida de empleos de estos colectivos desfavorecidos”, concluyó la Fundación en el escrito.