"La vinculación del Procurador reside en la fuerza de la razón"

Las resoluciones del Procurador del Común «ni son (vinculantes) ni necesariamente deben serlo». Así lo apuntaba Tomás Quintana, el nuevo Procurador del Común de Castilla y León que, durante su paso como invitado por el programa ‘Entre nosotras’ que, cada miércoles, emite Cope León en colaboración con La Nueva Crónica, sostenía que la institución no tiene la capacidad para exigir el cumplimiento de sus resoluciones, pero que lo que sí que tienen «es la fuerza que nos da el ordenamiento jurídico para actuar, la fuerza de la razón, la fuerza de la convicción que podamos trasladar a nuestras resoluciones y sobre esa base se asienta la vincularidad, con minúsculas, que nosotros podemos exigir».

Hace poco más de un mes que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León cogía el relevo de Javier Amoedo como procurador del común de Castilla y León, una institución que, como ayer explicaba él mismo ante los micrófonos de Cope León, está vinculada a las Cortes autonómicas y constituye el comisionado de las mismas para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. «Cualquier ciudadano que tiene o cree tener un derecho en relación con una actuación de la Administración Pública puede acudir al Procurador del Común que, nosotros, de forma gratuita, buscamos la solución ante la administración que, eventualmente, ha denegado o ha concedido ese derecho», indicaba Quintana.

Tal y como recalcaba, las quejas de los ciudadanos de Castilla y León que crean haberse sentido agraviados o no atendidos debidamente por las administraciones públicas pueden hacerse llegar por muy diversas vías. La primera, la presencial, tanto en la sede de la institución, en la céntrica calle leonesa de Sierra Pambley, como encualquiera de las capitales de provincia o grandes municipios de la comunidad en días determinados.

Pero también se pueden hacer llegar estas quejas por escrito, por vía telemática o incluso por teléfono, que ya la institución trasladará a un escrito que remitirá al ciudadano que solicita la intervención del Procurador para que la firme y se pueda iniciar la tramitación «porque sí necesitamos que las quejas las presenten personas perfectamente identificadas a través de su firma».

En su toma de posesión, uno de los restos que se marcaba era el de hacer más visible la institución y acercarla a los colectivos más vulnerables. En este sentido, ayer sostenía en el programa radiofónico que esa cercanía que pretende es, por ejemplo, la de llegar a los ciudadanos que residen en el medio rural y, en general, «a todas esas personas que puedan estar más necesitadas de apoyo, de ayuda, para que puedan obtener con plenas garantías los servicios públicos que están obligadas a prestar las administraciones; esa en mi inquietud, poder servirles de utilidad».

Quintana se aparta del mundo académico para adentrarse en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones y, como reconoce, es un mundo muy diferente y no comparable, pues «con los alumnos hay que manejar criterios pedagógicos y, aunque marcando la distancia entre profesor y alumno, hay un trato cercano; mientras que nada de esto ocurre con las administraciones públicas, con las que las relaciones son más impersonales, aunque después se vaya personalizando porque, al final, la relación se va centrando en un servicio concreto, en unas personas concretas que están detrás de ese servicio, pero con modos más propios del derecho administrativo».