Ley Electoral vs. interés informativo

No es la primera vez, ni tampoco será la última, en la que los debates electorales y la Ley Electoral sean nuestros compañeros de viaje en esta columna que compartimos usted y yo cada semana. Eso sí, es triste que nuestra querida Ley Electoral sufra también el síndrome bisiesto y sólo nos acordemos de ella cada cuatro años, salvo en las raras excepciones en las que el inquilino de la Moncloa no tiene más remedio que bajarse o subirse los pantalones, según el caso. Aunque en honor a la verdad, para subírselos primero ha tenido que bajárselos, así que… Y no es bueno que sólo nos acordemos de la Ley Electoral cuando nos encontramos ante las puertas de unas elecciones, ya que esto quiere decir que durante los años que hemos dejado atrás tanto políticos como ciudadanía la hemos guardado en la carpeta de ‘spam’ del ideario colectivo, para llegado el momento volver a recuperarla y alabarla y criticarla por igual, pero eso sí, a la misma ley que archivamos en su momento.

Y amparándose en dicha ley la Junta Electoral Central ha prohibido la celebración del debate a cinco que había organizado Atresmedia, amparándose en los porcentajes de representación para vetar a Vox. El color o ideología del vetado es lo de menos y no debe hacernos desviar la mirada de lo que realmente es importante. Porque el quid de la cuestión es cómo una ley desfasada y que pide a gritos ciertas modificaciones puede pisotear el criterio periodístico de un medio de comunicación privado, el cual basándose en el interés informativo decide organizar un debate con los representantes políticos que considere. La celebración de este debate a cinco no vulnera los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa que recoge el artículo 66.2 de la Ley Electoral, ya que como ha manifestado públicamente Atresmedia en un comunicado, durante toda la campaña electoral todos los partidos han tenido y tendrán la oportunidad, a través de entrevistas, informaciones u otros debates de trasladar sus mensajes a la sociedad. Si los cinco espadas que iban a participar en el debate estaban de acuerdo en celebrarlo, es incompresible que la Junta Electoral Central haya prohibido su celebración tras la denuncia de Coalición Canaria, ERC y PDeCAT. ¿Dónde queda el derecho a la información que tienen los ciudadanos a escuchar a cinco candidatos a la presidencia del Gobierno? ¿Pesa más una decisión política de tres grupos que el interés informativo de un medio de comunicación privado? La respuesta es clara, a día de hoy y a tenor de lo sucedido sí.

Entiendo y comparto el cabreo de los profesionales de RTVE tras el rechazo inicial de los cabezas de lista a participar en el debate a cuatro de la televisión pública, enviando a sus subalternos, estrategia que han modificado tras la anulación del debate a cinco. Es más, soy de los que opino que en este caso deberían estar obligados a participar en al menos un debate organizado por RTVE y si tiene que estar recogido en la ley pues que así sea. Me parece una falta de respeto a los profesionales de RTVE y al propio medio de comunicación público que el próximo presidente del Gobierno rechace esta invitación. Y este desprecio no desaparece tras el cambio de última hora al respecto, ya que ha quedado patente que su presencia en RTVE ha sido de rebote. Pero esta afrenta no debe justificar en ningún caso que la Junta Electoral Central prohíba que Atresmedia celebrara el debate como considerara oportuno, siempre y cuando respetara el código deontológico de la profesión.

Coalición Canaria, ERC y PDeCAT han salido victoriosos al aceptar su denuncia la Junta Electoral Central, pero sin duda alguna el gran beneficiado de esta maniobra ha sido Vox, al que le han regalado un nuevo argumento para denunciar el supuesto acoso del que son víctimas y que créanme, va a calar en muchos votantes. Pero sinceramente, me es indiferente que un partido político gane o pierda votos por una u otra decisión propia o del contrario, lo que sí me preocupa es que la partida de estas elecciones y de las del 26 de mayo se jueguen con unas normas recogidas en una Ley Electoral que ha demostrado, una vez más, que necesita cambios urgentes para adaptarse a los nuevos tiempos políticos y periodísticos.