El Patrimonio Cultural se define como el conjunto de recursos heredados del pasado, identificado por las personas como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones con independencia de a quienes pertenecen.
El Patrimonio Cultural en Europa, en todas sus formas, es fuente compartida de memoria, entendimiento, identidad, cohesión, creatividad, ideales, principios y valores derivados de construir una sociedad pacífica, estable, basada en el respeto a los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
El Convenio de Faro se erige como instrumento de Ratificación del Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad. Firmado el 25 de octubre de 2005 se ratifica en España y se publica en el BOE el 17 de junio de 2022, después de intensa actividad de la asociación en defensa del patrimonio Hispania Nostra para ser firmemente ejecutado, formando desde entonces parte del ordenamiento jurídico español.
Contiene un programa político muy amplio que debe aplicarse para una buena gestión de los bienes culturales, que incluye el compromiso de los estados para defender, enriquecer y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural, su conexión con los valores democráticos y la participación de la sociedad civil en la gestión del mismo.
Declara el absoluto derecho de todos los ciudadanos al acceso al patrimonio cultural, equiparándolo al mismo derecho a formar parte activa de la vida cultural, al igual que define la existencia de una responsabilidad personal y colectiva respecto a aquel, bajo el argumento de que el fin de la conservación del patrimonio es el desarrollo de las personas.
La aplicación de los mandatos aprobados en Faro contribuye a una sociedad mucho más pacífica y democrática, defiende la diversidad como elemento de riqueza y aporta calidad de vida por sus políticas de cohesión social, creatividad y cultura. Se alimenta del uso sostenible de recursos, lo que conlleva un factor de desarrollo económico derivado de sectores que antes no se consideraban como potenciadores de ello.
Al ratificar el valioso acuerdo en defensa del patrimonio los Estados miembros adquieren obligaciones que deben hacer cumplir, como reconocer el enorme interés público del patrimonio cultural, potenciar su valor mediante el estudio, protección y conservación, así como dictar normativa jurídica para poder ejercer el derecho a la participación ciudadana en su gestión. Igualmente los Estados están obligados a reconocer el valor de los bienes culturales y naturales, tanto de carácter material como inmaterial, industrial, musical, etnológico o subacuático, fomentando su protección mediante cuantas acciones y normativas sean necesarias.
Para todo ello hay que contar con los medios adecuados, como procedimientos de conciliación entre partes que valoren de forma contradictoria un mismo patrimonio, impulsar el conocimiento para la coexistencia pacífica e integrarlo en la educación y formación permanente. Como mecanismo de seguimiento se nombra un Comité específico en el Consejo de Europa, que cooperará de manera fluida con todos los Estados parte, y a su vez éstos entre sí ante cualquier actividad o debate.
Pero el Convenio de Faro aporta varias novedades importantes; la primera de ellas es la responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la sociedad en cuanto a la gestión, algo en donde entra de lleno la labor altruista del voluntariado, las asociaciones, fundaciones y las ONG. Muchas veces el patrimonio es tan extenso e imbricado en territorios periféricos que se torna imprescindible la colaboración y aportación de los habitantes de esas zonas que conocen a la perfección las alternativas posibles en su desarrollo o sus posibilidades. La labor de los mediadores en muchos casos acerca las voluntades políticas de las instituciones públicas a las verdaderas necesidades de las zonas de baja densidad de población, que debe participar de forma democrática en los recursos que el patrimonio de su alrededor les ofrece, pudiendo opinar y decidir acerca de los intereses que les resulten más favorables para su conservación y desarrollo.
La segunda de las novedades tiene que ver con la inserción de esta responsabilidad comunitaria en todos los niveles educativos, acercando el concepto de patrimonio, su historia y características, a cada estrato desde la más tierna infancia hasta los niveles universitarios. Hacer participar a la juventud en el rescate y cuidado de su legado cultural es garantía de su futuro compromiso como guardianes, difusores y amantes de la riqueza heredada, siendo ejemplo de ello en León la reciente participación de alumnos del Instituto Lancia en una de las hacenderas que la asociación Promonumenta: además de colaborar muy activamente en el desbroce de maleza en el yacimiento romano de la ciudad de Lancia, completaron la participación con una representación teatral ad hoc escrita y dirigida por ellos.
La implicación de la Sociedad de la Información en cualquiera de sus medios es la tercera de las novedades del Convenio: la implicación en la divulgación patrimonial a la hora de emitir comunicados, denuncias de deterioro, oportunidades de desarrollo o eventos diversos es clave para concienciar a cualquiera de los sectores sociales. Gracias al compromiso de cada vez más medios es posible hacer llegar el mensaje y generar un ‘feedback’ entre organizaciones, políticas públicas y ciudadanos.
Además, como cuarto apartado, se debe destacar que es el primer tratado internacional que ofrece un nuevo concepto de patrimonio cultural; mientras antes tenía un carácter meramente enumerativo, una especie de inventario práctico de bienes con sus tipologías que protegían los bienes culturales en caso de conflicto armado, caso del tratado de La Haya de 1954, o como prohibición de importación o exportación ilícita de los mismos, caso de la Convención de la Unesco de 1970, ahora pretende ahondar en la naturaleza histórica y social del patrimonio, inervándolo en su contexto profundo territorial. León supone un mosaico cultural de riqueza inmensa muy ligado a las diferentes zonas del territorio, que expresa de maneras distintas las formas de vida, morfologías e identidades que las representan. Nada tiene que ver el Antruexo como representación del carnaval con las danzas de palos, los filandones con los calechos, los pendones con las romerías de alta montaña y los Belenes de cumbre con la Lucha Leonesa; cada cual hunde sus raíces en el territorio del que emana desde hace generaciones, y figura así en los catálogos de bienes culturales, ligados de forma irrenunciable a las gentes que les dieron vida.
El quinto y último objetivo presenta nuevas nociones de patrimonio común europeo y comunidad patrimonial, busca cohesionar la cultura heredada en diversos puntos del continente con sus idiosincrasias entre sí, aunque procesan de lugares lejanos. Así, el llamado patrimonio inmaterial o las artes visuales y escénicas se benefician de proyectos que ponen en común iniciativas y costumbres muy lejanas geográficamente, pero muy similares en su concepción y resultado estético. El toque manual de campanas, recientemente reconocido como patrimonio mundial inmaterial, se realiza con fines culturales y prácticos en poblaciones de varios países europeos y en diversos lugares de la geografía española, llevando así un mensaje similar cultural.
De este modo, a través de este importante Convenio, el patrimonio cultural se convierte en políticas públicas, diseñadas para una mayor protección, conocimiento y divulgación del ingente número de bienes de interés cultural, que sólo en nuestra autonomía llega a los dos mil seiscientos, entre monumentos, archivos, bibliotecas, conjuntos y sitios históricos y zonas arqueológicas. Conocerlos es nuestro derecho, cuidar de ellos nuestra responsabilidad, bajo la custodia europea que orienta las acciones y la premisa indudable que tiene como lema «patrimonio somos todos».
Marina Sánchez es la delegada en León de la asociación Hispania Nostra