El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Cultura, Arte y Pratrimonio, Emilio Martínez, se dieron cita este lunes para presentar la tercera edición del Programa R (recuperar, regenerar y reactivar), "la mayor inversión unitaria en patrimonio llevada a cabo por cualquier administración pública en la provincia". Así lo indicaron los miembros de la institución provincial en el seno del Instituto Leonés de Cultura.
La iniciativa contó con un presupuesto de 6 millones de euros en la primera edición y de 2 millones en la segunda. En esta ocasión, el presupuesto total es de 3 millones, suponiendo "un montante total de 11 millones de euros", según explicó Courel: "Los proyectos, en función de sus características, recibirán un 70, 80 o 90 por ciento por parte de la Diputación y los propietarios aportarán el resto". En sus palabras, la Diputación y el ILC tienen "muy claro que la apuesta por la conservación de nuestro patrimonio no puede ser una actuación puntual; es importante mantener el compromiso aunque no se trate de una competencia específica de esta institución".
Un patrimonio cultural que el diputado Emilio Martínez tildó de "sobresaliente", añadiendo que, de los 30 proyectos aprobados en la primera convocatoria, 24 ya se han ejecutado, y poniendo de ejemplo la recuperación de los castillos de Balboa, Benal, Villapadierna y Sarracín, el Molino de los Curas en Mansilla de las Mulas, la casa del monasterio de San Andrés en Vega de Espinareda, el castillete del Pozo Julia en Fabero o el Teatro Villafranquino. De los 15 que conformaron el Programa R-2, 6 ya han sido ejecutados y los 9 restantes se encuentran en proceso.
"El patrimonio cultural supone la herencia material e inmaterial propia del pasado de una sociedad; esto es el conjunto de elementos, usos, técnicas, conocimientos y expresiones que la definen", apuntó Martínez: "Siendo así, el patrimonio arquitectónico resulta esencial para dar consistencia a nuestra identidad y, por lo tanto, su conservación, investigación y difusión suponen una garantía para preservar nuestra cultura, así como para impulsar nuestro territorio".
Objetivos, beneficiarios e inversión
El Programa R cumple una doble función respecto al patrimonio leonés: por un lado, procura "revalorizar inmuebles" que necesiten trabajos de restauración o rehabilitación y, por el otro, busca "regenerar usos" en los mismos adaptándolos a las necesidades actuales. "Actuaciones que cristalizan en el tercer objetivo de las ayudas: que la actuación suponga una llamada a la conciencia cívica que implique también la reactivación de la actividad económica y cultural para el entorno del bien intervenido", señalaron desde la Diputación.
Ayuntamientos, juntas vecinales y fundaciones pueden optar a la convocatoria. También, particulares que ostenten la titularidad de un edificio que cumpla con alguno de los siguientes supuestos: inmuebles declarados BIC o sobre los que se haya incoado el correspondiente expediente para su declaración; inmuebles que gocen del máximo nivel de protección en las Normas Urbanísticas del municipio donde se ubiquen; inmuebles singulares de titularidad pública que cuenten con valores históricos, artísticos y arquitectónicos que se podrán acreditar mediante informes detallados rubricados; actuaciones en Conjuntos Históricos declarados o en aquellos sobre los que se haya incoado expediente de declaración exceptuando el Conjunto histórico del Camino de Santiago; y actuaciones en Conjuntos Etnológicos declarados o incoados siempre que los bienes sean de titularidad pública o que exista un acuerdo de cesión de uso por parte de sus propietarios en favor de una entidad local solicitante. Se excluyen de esta convocatoria los bienes inmuebles con características que sean claramente encuadrables dentro de la arquitectura tradicional leonesa.
Además, podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que, sin ser los propietarios del bien, sean cesionarios por un periodo acreditado mínimo de 20 años a contar desde el día de publicación de estas bases en el BOP. En todo caso, los edicidios estarán ubicados en municipios menores a los 20.000 habitantes.
Cada solicitante podrá optar a un máximo de 300.000 euros de inversión y un mínimo de 50.000 euros. Las solicitudes deberán precisar el procentaje de aportación, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento del total en el caso de ayuntamientos y juntas vecinales con una población inferior o igual a 1.000 habitantes; el 20 por ciento en el caso de ayuntamientos y juntas vecinales con una población superior a los 1.000 habitantes; y el 30 por ciento en el caso de fundaciones y particulares. Toda la información sobre la convocatoria, igual que el apartado para realizar la solicitud se encuentran disponibles en la página web del ILC.