Educación inclusiva sí, especial también

El pasado martes, la ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá, desmentía «rotundamente» su intención de cerrar los centros de educación especial bajo el marco de su nueva ley, ante las denuncias de los padres y madres de niños con necesidades especiales de la plataforma ‘Inclusiva sí, especial también’.

Estas familias han levantado la voz contra uno de los apartados de la norma donde se dice que el gobierno: «desarrollará un plan para que en el plazo de diez años», los centros ordinarios «cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». Dejando los centros de educación especial sólo para quien precise de una atención «muy especializada». Un descojone total si tenemos en cuenta que este ‘plan’ necesitaría de una dotación ingente de dinero para tener alguna posibilidad de éxito, un dinero que, seamos serios, no se van a gastar. No se sabe bien a qué se refieren con eso de la atención «muy especializada», ni quién caerá en ese saco y quién no. Desde esta plataforma denuncian que lo que realmente se pretende es dejar morir estos centros poco a poco, ahogándolos económicamente. Y créanme cuando les digo, que saben bien de lo que hablan.

La polémica no es nueva, el cierre de los centros de educación especial es lo que pretende llevar a cabo, desde hace tiempo, y de todas las maneras posibles, el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (Cermi), y lo que ha puesto en pie de guerra a muchas personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a docentes y a todos los profesionales que se unen en la plataforma: «Inclusiva sí, especial también».

La posición del Cermi es radical, asumiendo que todos los niños y niñas con discapacidad tienen que ser escolarizados en centros ordinarios, independientemente de su situación individual (de la gravedad, las características, el tipo de discapacidad, o su propia opinión). Son los que pontifican sobre lo que necesitan sus hijos, y los hijos de los demás, dibujando una realidad fantasiosa donde la educación pública de este país es una gloriosa panacea, dotada y rebosante, lista para atender con eficacia todo lo que venga, y más.

Un sistema educativo ordinario que, a duras penas garantiza los apoyos que necesitan los niños con TEA, con trastornos específicos del lenguaje, con dislexia o TDAH, apoyos por los que luchan los padres con uñas y dientes, y que casi siempre llegan tarde, llegan poco o no llegan. Apoyos que muchas familias han tenido que buscar y asumir fuera del centro escolar, sin importar lo grande que sea el cartel de «inclusivo».

¿Y pretenden en serio asumir la escolarización de miles de alumnos con unas necesidades muchísimo más graves y complejas? Dan ganas de reírse, si la situación en realidad no fuera como para echarse a llorar.

Me escandaliza ver cómo padres y madres que han elegido la educación especial para sus hijos, son lanzados a la hoguera de las redes sociales, acusados de ineptos, de malos padres, de segregar y discriminar a sus propios hijos. Y es esta ideología de la obligatoriedad de la inclusión, la que me pone los pelos de punta.

He visto cómo se ataca a los centros de educación especial alegando que allí solo les enseñan «a hacer churros de plastilina y a limpiarse el culo», sin entender si quiera, que hay realidades en las que trabajar la motricidad fina con plastilina, para mejorar la rigidez de las manos en los niños con parálisis cerebral, es precisamente lo que hay que hacer, y poder aprender la autonomía necesaria para ‘limpiarse el culo’, uno solo y sin ayuda, es algo muy deseable que también merece ser trabajado.

Tener un hijo con necesidades educativas especiales no te legitima de ninguna forma para juzgar o decidir sobre la discapacidad o las necesidades que se dan en otros niños y en otras familias. Callarnos la boca es, a veces, la única forma de respetar la diversidad.

Es evidente que hay que seguir apostando por una inclusión real en los centros ordinarios, para todos aquellos niños que pueden beneficiarse de ello, y para que lo hagan además con las ayudas necesarias, y de la forma más digna posible.
Yo apuesto también por la libertad de poder elegir una, u otra opción.

Sofía Morán de Paz (@SofiaMP80) es licenciada en Psicología y madre en apuros