Móviles en el aula, ¿sí o no?

Hace sólo un año, el 12 de enero, yo escribía en este mismo blog de opinión: «El uso del móvil ‘en sí’ no es ni bueno ni malo, todo depende de la utilidad que se le dé. Es evidente que, si aceptamos el uso de los móviles en el centro, tenemos que blindarnos contra conflictos de ciberacoso o problemas de privacidad. La imaginación de los alumnos es sorprendente, increíble, inverosímil, prodigiosa y hasta cruel. Tengo el presentimiento de que estamos en el inicio de un largo proceso que nos llevará irremediablemente al uso normal del teléfono móvil en los centros escolares, pero sin un control riguroso puede llegar a ser un arma peligrosa en manos de alumnos insensatos».

El debate sigue sin solución. En este momento ya es una guerra abierta.El problema está en que no llegamos a un acuerdo de si son más los peligros o los beneficios del móvil para el rendimiento del alumno.En una encuesta del Gesop (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública), Instituto de investigación y especialistas en la elaboración de estudios opinión pública, el 86% de los ciudadanos están a favor de prohibir el uso del teléfono en las escuelas.

Francia se lanzó sin miedo en el curso 18-19 a prohibir los dispositivos móviles en centros de primaria y secundaria mediante una ley aprobada en agosto de 2018. Ya llevan un curso sin móviles en centros educativos y el titular de Educación, Jean Michel Blanquer, considera que ha sido un éxito: disminuye el acoso escolar, reina un ambiente de mayor tranquilidad y los alumnos dedican más tiempo a la lectura.

Al principio del curso actual, la ministra de Educación, Isabel Celaá, volvió a destapar la caja de los truenos, no sé si para ponerse a la altura de Francia o para lanzar un globo sonda y dijo frases como: «Me parece que todos los centros educativos de España tienen autonomía organizativa y de gestión», «reflexionar sobre si el tiempo escolar debe estar libre de la adicción digital o en algunos casos el móvil ayuda, pero si prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo».

Pues la propuesta de la ministra ha propiciado tres decisiones diferentes:La mayoría de las comunidades no ha perdido ni un solo minuto en valorar el tema.Las dos comunidades más importantes de España, Cataluña y Madrid, han tomado decisiones, pero estas son casi opuestas.

El ‘conseller’ de Educació de Cataluña, Josep Bargalló, con el que compartí claustro y amistad durante diez años en el instituto Pons D`Icart de Tarragona, respondió a la ministra rechazando la propuesta y dando a los centros docentes la capacidad de decidir cómo se regula el uso de teléfonos en sus aulas. Bargalló ha expresado en muchas ocasiones su apoyo a la integración del teléfono en la enseñanza, pero respetando siempre la libertad de cada centro. Su lema en este asunto es: «Estamos en contra de prohibir y estamos en contra de dar la espalda a los avances tecnológicos». Lo que ocurre en realidad con esta postura es que un centro educativo ‘A’ puede prohibir de forma tajante el uso de dispositivos móviles, mientras que otro centro ‘B’, a cien metros del anterior, permite a los alumnos utilizar el móvil en las aulas a su antojo.

Hace sólo dos semanas, el 23 de diciembre de 2019, la Comunidad de Madrid nos sorprendió con la noticia de que prohibirá a partir del curso lectivo 2020-2021 el uso de teléfonos móviles en horario lectivo en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la comunidad. Según la Consejería de Educación esta medida afectará a más de 800.000 alumnos y pretende mejorar sus resultados académicos y dar un nuevo paso en la lucha contra el ciberacoso y el bullying en los centros escolares.

El debate sigue abierto. Mi deseo sería que, siguiendo el ejemplo de Francia, el gobierno regulase este asunto con una normativa clara y atrevida para toda España, pero aquí la educación está transferida a las autonomías y sólo sería posible esa decisión con un pacto educativo. Las aguas bajan muy revueltas en la política actual y no se vislumbra ninguna posibilidad de pacto. Tendrán que ser las autonomías las que se mojen y regulen la utilización de móviles en las aulas como ya han hecho Cataluña y Madrid.

Doña María del Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, la pregunta ahora ya es más directa y concreta: «Móviles en las aulas de Castilla y León, ¿sí o no?». No puede esconder el ala. Es imprescindible una respuesta en forma de normativa para evitar los miles de conflictos que a diario aparecen en los centros por el uso inadecuado de los teléfonos móviles. Madrid ha abierto el camino. Esperamos una solución. El curso 2020-2021 debería iniciarse con una normativa clara tal y como piden sindicatos y profesores y, especialmente, los padres.