De la sequía a las inundaciones, un año con el clima como lastre

Los últimos temporales causan elevados daños en las cosechas de maíz y remolacha, que se preveían buenas, y llenan los embalses hasta reservas históricas

C. Centeno
02/01/2020
 Actualizado a 02/01/2020
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Dicen que nunca llueve a gusto de todos y en un sector como el primario, en el que el cielo condiciona la producción, el refrán cobra aún mayor sentido. Pero es que en el ya pasado 2019 no ha llovido prácticamente a gusto de nadie. Si el año avanzó marcado por la sequía para los cultivos de secano con una cosecha muy mermada, las heladas causaron daños avanzado el mes de junio y el granizo de las tormentas de verano provocó siniestros en cereales, maíz, judías secas y patatas, finaliza ahora con el agua al cuello después de las intensas lluvias de los temporales de las últimas semanas, que a parte de provocar riadas históricas han inundado parcelas hasta dejarlas impracticables para llevar a cabo tareas como la cosecha de maíz o la recogida de la remolacha, que todavía estaban pendientes, además de retrasar en algunas zonas la siembra del cereal de invierno.

A la espera de que se cuantifiquen los daños para determinar si se puede solicitar la declaración de zona catastrófica, se estima que cerca de la mitad del maíz está todavía en el campo y no se podrá recoger hasta alrededor de mediados de enero de los terrenos anegados. Lo mismo pasa con la remolacha, cuya gran mayoría de cultivos de la provincia están sin recoger, y justo lo contrario con el cereal, ya que los agricultores no pueden entrar a sembrarlo.

Con este panorama, el campo leonés inicia 2020 con incertidumbre aunque, eso sí, las reservas hídricas de los pantanos de la provincia han alcanzado máximos históricos para estas fechas y están prácticamente llenos con casi todo el invierno aún por delante, por lo que la próxima campaña de riego está garantizada.

Además del clima, algunas zonas de la provincia de León han tenido que luchar este año contra los topillos.

Hacia el campo 4.0

Mientras, cada vez es más común escuchar de los profesionales del campo términos como agricultura de precisión, big data, teledetección o mapeo. Las nuevas tecnologías han ido colándose en el sector primario para hacerlo cada más eficaz y con ellas León se dirige hacia el ‘campo 4.0’, aunque todavía queda mucho camino por andar. Además, el campo leonés ha visto crecer durante este año el número de hectáreas de regadíos y zonas como la del Canal de Payuelos empiezan a ver la luz al final de un túnel que debería acabar en este 2020 con 37.000 hectáreas de riego presurizado y telegestionado, un horizonte que ya han alargado otros cinco años.

Precisamente los regadíos, las nuevas tecnologías y el cooperativismo son las claves que fija la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, a cuyo frente también hubo cambios en 2019 tras las elecciones autonómicas de mayo. Jesús Julio Carnero, un hombre de partido que fue durante dos legislaturas presidente de la Diputación de Valladolid, es ahora su máximo responsable.

Contribución a la sostenibilidad

Por otra parte, el sector primario se ha tenido que enfrentar también este año a las voces que le señalan como uno de los responsables del cambio climático. Una «criminalización» que se recrudeció a principios del mes de diciembre durante la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima y que las organizaciones profesionales agrarias se empeñan en desmentir, porque la agricultura y la ganadería no son el problema si no parte de la solución, como tratan de demostrar desde distintos ámbitos.

A lo que se mira con recelo es a proyectos como el de la macrogranja de Noviercas (Soria), que fue aprobada el pasado mes de octubre. Un polémico complejo proyectado por la empresa Valle de Odieta que contempla una inversión de 95 millones de euros en 900 hectáreas en las que se prevé construir una vaquería de 20.000 cabezas de ganado.

Así, una sola granja aglutinaría el 75% de las vacas de ordeño de toda la provincia de León y lo peor, según alertan las organizaciones agrarias, es que se llevaría por delante muchas de las pequeñas explotaciones, haciendo más significativa una tendencia queya es notable: que la producción aumente pero cada vez sean menos los agricultores y ganaderos.

La lucha del sector lácteo

Además, durante el pasado verano los ganaderos de vacuno de leche recibieron una noticia que da pie a que puedan reclamar lo que cobraron de menos durante diez años: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una multa de 80 millones de euros a diez grandes industrias, al considerar que se pactaron los precios entre los años 2000 y 2013. Apoyados por las organizaciones agrarias, serán previsiblemente un buen número de ganaderos leoneses los que llevarán a estas empresas a los tribunales para recuperar unas pérdidas superiores al 10% durante toda una década.

Con la mirada puesta en la nueva PAC

Durante el 2020 que acaba de comenzar el campo estará pendiente de las negociaciones de la nueva Política Agraria Común. La gran revolución en la próxima PAC, pospuesta hasta el 2023, será el reparto de los fondos. Como ocurriera con las cuotas del vacuno de leche, los derechos dejarán de ser la justificación para percibir las ayudas. La PAC que se perfila tiene otras prioridades como la despoblación o las aportaciones de la agricultura al medioambiente, unos asuntos que se medirán a través de supercomputadores como Caléndula, que participa en un programa europeo para hacer más eficientes las nuevas ayudas.

Tanto la Junta de Castilla y León como las organizaciones profesionales agrarias han confiado a lo largo del ya pasado 2019 en que la nueva Política Agraria Común haga llegar sus fondos a los «verdaderos profesionales» de la agricultura y la ganadería.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, puso de manifiesto recientemente la importancia de que se mantenga la financiación de este plan y propuso que los países miembros hagan mayores aportaciones.

La aportación que recibe Castilla y León asciende a 1.150 millones de euros entre la propia PAC y el PDR, una cifra que las organizaciones profesionales agrarias piden que no disminuya en ningún caso, aunque sí confían en que vaya destinada a los «verdaderos» agricultores.

Otra de las peticiones para esta nueva PAC es la necesidad de simplificar los trámites «desde el punto de vista adminsitrativo» y facilitar las herramientas necesarias que sirvan para la interlocución del agricultor con Europa y viceversa.
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