Desde hace años, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León se esfuerza en hacer llegar a la Consejería de Sanidad la importancia de incluir a estos profesionales sanitarios de la visión en la sanidad pública y así garantizar una atención de calidad en la salud visual de los ciudadanos. Desde la sede en León, su delegada, Amaia Villena Razquin, hace hincapié en esta necesidad y recuerda que la «incidencia y prevalencia de los problemas oculares aumentan con la edad y la población de la provincia leonesa está en un claro proceso de envejecimiento con aproximadamente unos cincuenta años de media».
Además, esta medida permitiría reducir las abultadas listas de espera que soportan los servicios de Oftalmología de la comunidad. A 31 de marzo de 2023, atendiendo a la estadística oficial de la Consejería de Sanidad, un total de 52.296 personas esperaban una consulta en los servicios de Oftalmología de los diferentes hospitales de la comunidad, con una demora media de 98 días en una población con elevado índice de envejecimiento y con patologías que, si no se tratan o no se detectan a tiempo, pueden derivar en grave pérdida de la visión.
En León, la lista de espera actual presenta una media que asciende a los ochenta días. La delegada asegura que la inclusión del optometrista supondría realizar visitas regulares de prevención y control para aquellas personas que lo necesiten y, de esta forma, determinar la evolución de un problema visual que lo requiera o llevar a cabo funciones específicas como la terapia visual, que actualmente se ofrece únicamente como servicio privado. «El 80% de la información se obtiene mediante la vía visual, por lo tanto, cualquier problema ocular causa un fuerte impacto en la vida del paciente», añade: «La detección precoz mejora la posibilidad de recuperación de muchos problemas de salud ocular y disminuye el gasto de su tratamiento».
Once territorios en España ya cuentan con ópticos-optometristas en su sistema autonómico de salud. Aunque así sea en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, para Castilla y León sigue siendo una tarea pendiente. Y eso que esta comunidad fue una de las primeras de todo el país, junto a la Foral de Navarra, en reconocer la categoría profesional sanitaria de estos trabajadores; una reivindicación que se hizo realidad en 2004. El reconocimiento fue una de las piedras angulares y objetivo prioritario del Consejo General de Colegios Ópticos-Optometristas (CGCOO) durante varios años y respondía a la cada vez más avanzada formación y habilidades de estos profesionales. Desde entonces, los colegios tienen por objetivo principal su incorporación al sistema público como personal estatuario.
«Hay enfermedades sistémicas, como la diabetes y la hipertensión, que pueden presentar signos oculares detectables mediante una revisión visual», señala Villena: «La revisión previa de la de vista permitiría, posteriormente y si es necesario, derivar al especialista para diagnosticar si existe un problema de salud visual, lo que sería muy beneficioso para el paciente».
Estos beneficios no son los únicos que aportaría la incorporación de ópticos-optometristas en la sanidad pública de la comunidad. El informe ‘Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica’ dilucida que la medida supondría un ahorro de costes al sistema público. En él se aplica una traslación de las cifras recogidas en un estudio nacional elaborado por el CGCOO y la Sociedad Española de Optometría, teniendo en cuenta que la población de Castilla y León abarca el 5’13% del total de la española. El ahorro para Sacyl con esta ampliación de la cartera de servicios en salud visual sería considerable.
Castilla y León necesitaría 31 unidades de Optometría -15 de atención pediátrica y 16 de adultos- con un coste anual de menos de 60.000 euros cada una, lo que supondría un desembolso de casi dos millones de euros, algo menos de la mitad actual. Datos más detallados se incluyen en el informe entregado ya a la Consejería de Sanidad.
Por todo esto, el Colegio de Ópticos-Optomestristas considera indispensable la incorporación de los servicios de sus profesionales en la sanidad pública de la comunidad. En palabras de la delegada en León, Amaia Villena Razquin, «todos deberíamos tener derecho a una atención visual completa y de calidad de forma pública».
El Coocyl reclama la incorporación de sus profesionales en Sacyl
La medida supondría una reducción en las listas de espera, un aumento de la cartera de servicios y un ahorro de costes para el sistema público de sanidad
04/06/2023
Actualizado a
04/06/2023
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