La Audiencia archiva el caso del agua de San Andrés cuando iba a ser juzgado

Han pasado siete años desde que el Juzgado de Instrucción número 5 de León comenzó la investigación sobre la ampliación del contrato del agua de San Andrés del Rabanedo con la mercantil Aquona, que ha derivado en una subida de este servicio del 79,4 % y una deuda con la compañía de más de 3,4 millones. Ahora, la Audiencia Provincial archiva el caso y pone fin a este caso.

Y eso que el Juzgado ya había culminado el periodo de investigación, después de una ardua búsqueda de información e incluso las declaraciones de varios de los implicados, entre ellos la que era alcaldesa en el momento de rubricar la ampliación del contrato, María Eugenia Gancedo, así como de tres concejalas socialistas de su entonces equipo de gobierno: Patricia Fernández, María Concepción Rodríguez Carús y Ana María Herrero.

El Juzgado acusaba a las cuatro de prevaricación administrativa después de que se aprobara en 2010 la ampliación del contrato por 15 años más, que culminaba en 2031, a cambio de que la compañía pagara 2 millones de euros al Ayuntamiento y se condonara una deuda de otros dos millones. Se trataba entonces de un momento delicado, en plena crisis económica y con el desplome de los ingresos municipales sobre todo por la caída de la construcción. Una decisión que tenía los reparos de Intervención y que contó con varias irregularidades, como las dos juntas de gobierno denunciadas por la Junta de Castilla y León y que fueron anuladas por el TSJCyL. El asunto fue llevado ante la Fiscalía por IU y siguió su curso después de que el fiscal considerara que había indicios de delito y elevara el caso ante la jueza que inició y finalizó la instrucción en León.
Este asunto llegó a ser remitido incluso a la Audiencia Nacional puesto que había indicios de que tuviera conexiones con la ‘Operación Pokemon’, por la que se investigaba a varios alcaldes y técnicos de municipios gallegos y asturianos por un presunto delito de prevaricación. Aunque el Juzgado de Instrucción número 5 de León se inhibió, finalmente el asunto volvió de nuevo a la capital leonesa. Pero la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por Gancedo y Herrero y archivó el asunto al no encontrar indicios de delitos, justo cuando se tendría que haber iniciado el juicio de las cuatro personas implicadas.

Una de las claves para entender la relevancia de esta ampliación del contrato es que suponía la subida del precio del agua para los vecinos, pero el coste fue asumido por el propio Ayuntamiento. El impago de la diferencia generó un déficit de un millón de euros aproximados al año, lo que hizo que la empresa denunciara al Consistorio, que se vio obligado a pagar 4,3 millones. Esta cantidad fue abonada después gracias al crédito concedido por el Gobierno en 2016 mediante un Fondo de Financiación dirigido precisamente para hacer frente a sentencias judiciales con empresas y trabajadores.