León se cuela así entre las 15 provincias del país con más grandes tenedores, la mayoría de ellas situadas en las zonas costeras y en las islas. De hecho, solamente Madrid (líder nacional, con 26.573) y Ourense (6.474) superan a León en mayor número de propietarios de diez o más inmuebles. En este sentido, hay que tener en cuenta que País Vasco y Navarra tienen sus propios sistemas catastrales. A nivel autonómico, León duplica el número de grandes propietarios de Valladolid (3.004) y solamente Burgos consigue situarse cerca (5.607).
Los cambios en la normativa buscan contener el precio de los alquileres por lo que, en el caso de que estos grandes propietarios estén constituidos como personas jurídicas, tendrían que aplicar topes en las rentas que cobren a sus inquilinos. Todavía está por saber cuál será el impacto de la futura ley de vivienda sobre ellos y si León entrará dentro de las zonas consideradas con unos alquileres disparados.
Según el Catastro, 171 de estos grandes propietarios de la provincia tienen a su nombre más de 50 viviendas. Por su parte, contabilizando los que son dueños de entre 26 y medio centenar de inmuebles la cantidad se dispara hasta los 434 leoneses. Todos ellos estarían especialmente afectados por los cambios en materia de vivienda que se están contemplando desde Moncloa.
Junto a esta regulación del precio de las rentas para los grandes tenedores, la futura ley de vivienda contempla la creación de un bono de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran emanciparse y busquen un piso en alquiler y la obligación de reservar para vivienda protegida el 30 por ciento de las promociones y a destinar la mitad de ese porcentaje al alquilar social, aumentando así el parque público. Entre los apartados más polémicos se encuentra la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar subidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas que se encuentren vacías. Una posibilidad que corresponde a cada Consistorio y que, por ejemplo, el alcalde de León, José Antonio Diez, ya ha descartado aplicar. Este posible incremento del IBI a los pisos cerrados también ha encontrado el rechazo de la oposición y el Partido Popular ya ha anunciado que no lo llevará a efecto en las comunidades autónomas en las que gobierne, como es el caso de Castilla y León.
Más recibos que habitantes
Aunque no hay datos recientes sobre cuántos pisos vacíos se podrían ver afectados por la medida en León, aplicar esta norma en algunos ayuntamientos aumentaría la recaudación del IBI en la provincia, que en el año 2020 superó los 127 millones de euros de cuotas íntegras, según datos de la Dirección General del Catastro. De hecho, en la provincia se pasan más recibos del IBI que habitantes hay, con 636.799. En la capital leonesa también es superior el número de notificaciones, 128.308, que los vecinos de la ciudad, 124.028.
Precisamente, León es el municipio que lidera la recaudación a nivel provincial con 49 millones y medio de euros en cuotas íntegras. A continuación, aparece Ponferrada con 18,6 millones en cerca de 80.000 recibos. Las siguientes posiciones en lo que a pagos del IBI se refiere se encuentran en el alfoz de la capital y en Astorga y La Bañeza, cabeceras de comarca que en ambos casos superan los dos millones y medio en su recaudación de esta tasa.
El IBI supone también más de un millón de euros en Valverde de la Virgen, Bembibre, Valencia de Don Juan, Villablino, Sariegos y Cacabelos. Más de un centenar de municipios de la provincia recaudaron el pasado año más de 100.000 euros a través de esta tasa.
Según algunos estudios, el IBI supone para muchos ayuntamientos un 60 por ciento de los ingresos impositivos. Aunque en León ya se haya descartado aplicar estos recargos sobre el impuesto, la nueva legislación que prepara el Gobierno abre la puerta a que algunos ayuntamientos de la provincia decidan sí aplicar este aumento del IBI en las viviendas vacías y aumentar así sus ingresos con los que, tal y como apuntan algunas voces, poder destinar más recursos a la lucha contra la despoblación.
Por el momento, la futura ley de vivienda contempla cambios sobre el papel que está por ver hasta qué punto pueden llevarse a la práctica. Solo el desarrollo definitivo de esta legislación y su puesta en vigor aportarán luz sobre cómo afectará al mercado inmobiliario.