La prestación contributiva media en León, 828 euros

El debate de las rentas o ingresos mínimos es recurrente desde hace años en muchos países desarrollados. Las economías potentes con modelos del estado del bienestar, vigentes desde prácticamente la II Guerra Mundial, ven como los denominados nuevos riesgos sociales (globalización, digitalización, robotización, habilidades obsoletas, etcétera) junto con los cambios sociodemográficos y económicos modifican velozmente estructuras asentadas. Estos cambios, en combinación con otros factores, aumentan la desigualdad y amplian la brecha. En este contexto se viene observando desde hace décadas un acercamiento entre las prestaciones contributivas y las denominadas sociales. Con la crisis financiera se disparó el desempleo —en algunos colectivos prácticamente se ha cronificado— y llevó a muchos gobiernos a flexibilizar las condiciones laborales. Se produjeron fenómenos como el incremento de los trabajadores pobres, aquellos que pese a tener ingresos no logran las condiciones mínimas de bienestar. A ello se suman problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la precarización del empleo —la recuperación venía con más contratos, pero con mayor rotación, temporalidad y menor protección— o, en el caso de León, la escasa industria y el desmantelamiento de la minería.

Para responder a esta situación, tanto desde el Gobierno de España como los de las comunidades autónomas mantienen desde hace años subsidios, que se activan cuando concluye la prestación por desempleos; Rentas mínimas de inserción, a las que se opta tras el subsidio; O rentas garantizadas de ciudadanía (en el caso de Castilla y León), que ya depende de los servicios sociales. A ellas se sumará en mayo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya diseña el Gobierno PSOE-Podemos.

El IMV se presenta además como un nivel más de protección en la crisis del coronavirus. Tras 15 días de confinamiento, la pandemia ya situó por encima de 30.000 el número de parados en la provincia y robó el empujón vital de la Semana Santa en los servicios. De esos 31.072 parados —son más, el dato es el último disponible, al cierre de marzo—, casi 3.000 no contaban con empleo anterior y por tanto tampoco tenía prestación. Los que sí la tienen son 7.442 en el caso de las contributivas, 8.184 perciben el subsidio y la Renta Activa de Inserción llegaba a 1.145 personas. En total, son 16.751 los perceptores, con unos 13.300 desempleados leoneses sin acceso a esas prestaciones, que suponen 15,5 millones de desembolso para las arcas públicas.

En cuanto a los ingresos, la cuantía la prestación contributiva media es de 828,2 euros, mientras que las no contributivas se sitúan entre los 430 y los 700 euros, aproximadamente, en función de la composición y las circunstancias de las unidades familiares de los candidatos. Es preciso matizar que en el caso de la prestación por desempleo, como se sabe, incluye dos periodos diferenciados con el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestacióny el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma.

En el caso de la ayuda de Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, apuntó ayer que la Renta Garantizada de Ciudadanía llegaba a 2.936 familias, 6.405 familias, en la provincia. La situación provocada por la Covid-19 ha provocado un incremento de las solicitudes y, de hecho, el pasado viernes ya eran 2.968, 32 más (la tramitación es lenta, ya que está sujeta a comprobaciones) y la tendencia va «al alza». 

Por el momento el IGM continúa en diseño, pero el Gobierno asegura que llegará a un millón de hogares, cerca del 10% de ellos de familias monoparentales. Además, a falta de coordinarlo efectivamente con las comunidades, aseguran que se podrá compatibilizar con otras ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía. Además, con en prácticamente todos los casos, implicará seguir itinerarios para el empleo.