La revolución sanitaria llega a los pueblos

Es sin duda la polémica del año, tanto en el ámbito político como en el sanitario. La llegada al poder de Ciudadanos tras su pacto con el PP de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León ha supuesto que tanto el vicepresidente, Francisco Igea, como la consejera de la materia, Verónica Casado, lideren una reforma del sistema de Atención Primaria rural. Y aunque en un principio el nuevo modelo solo se va a aplicar en la comarca zamorana de Aliste aunque con la pretensión de extenderse a toda la comunidad, las críticas han llegado desde todos los sectores, muchas de ellas sustentadas en la falta de consenso para llevar a cabo el plan impuesto por Sacyl.

La idea que han trasladado los responsables de la Sanidad de Castilla y Leónse basa en la clasificación de los consultorios locales en dos tipos: los rurales agrupados (CRA), en el que habrá consulta médica y de profesionales de enfermería diaria, y los de proximidad (C-Prox), «con actividad periódica en función del volumen de población y según las necesidades clínicas detectadas por la propia población y el personal sanitario, sin detrimento de la atención domiciliaria necesaria», en palabras de la propia Consejería.

Por tanto, en los consultorios de proximidad la atención será según demanda o si los sanitarios lo consideran oportuno, de ahí que está previsto entre los objetivos de Sacyl «potenciar las citas concertadas en todos los consultorios locales, tanto a demanda, a través del sistema de cita previa, como la concertada con el profesional».

Este último condicionante obliga a implantar el modelo de cita previa en todas las zonas básicas de salud rurales, puesto que actualmente solo está activo en los grandes núcleos de población o en los cercanos, con el consiguiente problema, origen de muchas de las críticas, para las zonas en las que la cobertura es deficiente.

Uno de los rasgos que definirá cada uno de estos consultorios de proximidad es que no deben estar a más de media hora de cada uno de los rurales agrupados del que dependan, a lo que se añade que deben tener un espacio para consultas de medicina y enfermería y una sala de espera así como una conexión a la red Sacyl, algo que ya deberían tener todos puesto que es necesaria para dispensar recetas o acceder al historial del paciente.

Por tanto, el enfermo que necesite asistencia sanitaria tendrá que acceder al consultorio que le corresponda, y si no vive en una localidad en el que haya consulta médica el día que lo requiera, se deberá desplazar a otro núcleo urbano. Es esta una de las causas por las que se ha criticado el plan, de ahí que desde la Consejería de Sanidad se reconozca que es necesaria la implicación de «otras consejerías así como ayuntamientos, diputaciones y otras entidades» para su desarrollo y puesta en marcha.

Tanto Igea como Casado han defendido este plan asegurando que es la única fórmula para que la Atención Primaria pueda seguir prestándose con garantías, a la vez que han asegurado que no se van a cerrar consultorios en ningún pueblo de Castilla y León. Contrasta esta posición con las declaraciones de numerosos dirigentes del PSOE, que subrayan que en la comunidad se clausurarán un 60 %, una cifra aún mayor en León, que serían un 70 %. Y eso teniendo en cuenta que los propietarios reales de estos edificios son los ayuntamientos, que son los que realmente se encargan de su mantenimiento.

En esta línea se muestran organizaciones como el Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León, cuyo presidente, el leonés José Luis Díaz Villarig, asegura que lo que va a pasar es que se vaciarán de contenido, es decir, que en muchos de ellos no habrá médicos prestando su asistencia, a la vez que critica que no se haya contado con nadie para realizar el plan. Es por eso que recientemente ha anunciado que en tres meses los médicos liderarán las movilizaciones ciudadanas contra este plan de agrupación rural sanitario.