San Andrés tiene 'colchón' ante los sobrecostes gracias a los remanentes

Las entidades locales comienzan a tomar decisiones ante el alza de los precios y los sobrecostes que ello conlleva. Las arcas de los municipios se resiente por las facturas de la energía, mientras los técnicos tienen que buscar fórmulas para que la contratación pública se lleve a efecto y las empresas quieran seguir prestando servicios sin entrar en licitaciones astronómicas. La Diputación de León, en representación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, ya ha solicitado a la Junta una autorización para compensar a las empresas por el incremento en los gastos que excedan lo firmado y limitar la posibilidad de que opten por perder la fianza en lugar de completar las obras. Por encima de los 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de León ha aprobado en el pleno partidas por valor de casi un millón de euros para hacer frente a las facturas, ya que lo presupuestado se había quedado corto frente a la subida de la gas y el gasóleo, principalmente, ya queel suministro eléctrico está externalizado con cláusula de revisión.

Entre medias, el municipio de San Andrés del Rabanedo también revisa las cuentas anuales con el respaldo del remanente de tesorería, que serviría de ‘colchón’ «para incrementar el gasto en electricidad, gas y combustible».

«Debido a la volatilidad de la situación nacional e internacional, es pronto para saber cuánto va a suponer este aumento de los costes. Los servicios de electricidad y gas están sujetos a contratos en los que se fijan los incrementos año a año, dentro del mercado regulado, algo que ya se ha producido y ha supuesto solo en electricidad un incremento del 60% en el consumo, no en la factura total», tal y como calcula el concejal de Hacienda, Benjamín Fernández.

En cuanto al incremento del coste de obras o contratos, el ayuntamiento del alfoz ya está adaptando las licitaciones a los precios actuales conforme se van publicando, «puesto que no hay planes plurianuales», matizan. Por este motivo, la alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas, recuerda «la necesidad de adaptar la financiación de las entidades locales a la situación económica y estructural, tal y como se ha solicitado por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) en variaciones ajenas a los municipios, como la reforma de la ley del incremento del valor catastral», en clara alusión al coste que han tenido las plusvalías en las ventas de inmuebles para las arcas locales, reclamando así a Hacienda que compense las pérdidas de ingresos por estas circunstancias ajenas a las entidades locales.