Hemos llegado a un punto en que los pactos están por delante de los programas políticos y las iniciativas legislativas para una mejor convivencia o para modificar aquello que los ciudadanos creen que se debería hacer para generar una sociedad más justa.
Ahora, mantener una vida política pactista o incentivar dicha conducta es un retroceso impresionante de cara a la democracia parlamentaria. Perder el debate sobre derechos sociales y no anteponerlo a otras iniciativas –lícitas pero no tan prioritarias– como moneda de cambio, era la manera de ejercitar la política en el Medievo. Los reyes conseguían que les apoyaran económicamente sus súbditos (las cortes) en nuevas conquistas a cambio de pactar nuevas normas (fueros) que favorecían a los miembros de dichas cortes. Nobles, clérigos y nuevos burguesesse representaban a sí mismos y sus similares pero en absoluto al pueblo. Esta forma de gobierno, que por mucho que algunos quieran compararla, no tenía nada que ver con la democracia parlamentaria fue un avance (hace 700 años) frente al barbarismo, la teocracia o el «status per se» anteriores.
El pactismo es la formo como se está ejercitando la política internacional actualmente en todo el mundo. Los valores de los mercados se han antepuesto a los valores básicos de los individuos. Las extremas derechas (dirigidos por las multinacionales) priorizan estos valores culpando de la falta de trabajo y la inseguridad a los emigrantes. Así, utilizando la legitimidad del voto de los ciudadanos e implantando gobiernos a partir de la falta de derechos ganan adeptos en todas las democracias para oscurecer los beneficios de la convivencia, la igualdad o la defensa de la libertad.
Es el principio de la homogeneización de las políticas de exclusión de la derecha radical.
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