¿Recuerdan ustedes la película ‘Yo Daniel Blake’? Pues esa triste tragedia la sufrí yo; y si Blake desgraciadamente murió, yo estoy vivo gracias a los cardiólogos y profesionales de la sanidad pública que en numerosas ocasiones me atendieron debido a varios infartos que sufrí y que me obligaron a acudir al hospital.
Mi trabajo como soldador de montajes industriales consistía en soldar a 50 metros de altura, como en la térmica de la Robla donde resulté intoxicado por los gases del galvanizado; o a 40 metros bajo tierra soldando turbinas de las centrares hidráulicas; o en los dobles fondos de los barcos en los astilleros. Resumiendo, mi trabajo era de alto riesgo por ser tóxico, penoso y peligroso.
Todo esto lo puse encima de la mesa a la hora de solicitar la minusvalía permanente total, pero si bien el Juzgado de lo Social nº 2 de León me la concedía, la S.S. recurría a Valladolid y allí me la denegaba el Tribunal Superior. Así fue en diversos procedimientos y durante varios años lo que significaba que el tiempo corría en contra mía.
Ante esta situación desesperada, me vi obligado a denunciar mi situación en diversos medios de comunicación, entre otros en el ‘Diario de León’ con fecha 9 / 9 /99, en ‘La Crónica’ a fecha 23/12/99 y en R.T.V., y con el amparo de IU, CCOO, CGT, HOAC así como el de unos fieles amigos. A todos ellos les agradezco el apoyo que me prestaron, pues eran conscientes de que no era un caso aislado. Cabe señalar que los que se abstuvieron fueron UGT y USO.
El fondo del problema es que el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la S.S. emite un informe que pude ser positivo, negativo o revisable. En caso de ser revisable, se deriva a una clínica privada. Es decir, de su parte, ya que los informes de los profesionales de los hospitales públicos no los tienen en cuenta. La pregunta es, ¿con qué fin el equipo de valoración de la calificadora de la S.S., o como se llame, manda hacer un reconocimiento en una clínica privada? ¿Es que desconfían de los cardiólogos de la Sanidad Pública que en numerosas ocasiones me salvaron la vida?
Durante este triste calvario sufrí un conjunto de injusticias sociales, que me hicieron llegar a la kafkiana situación de tener que pedir ayuda familiar, puesto que se me agotó el paro. Así como pedir ayuda a los profesionales de la salud mental, ya que la Tesorería de la S.S. me creó una enfermedad que anteriormente no tenía, debido a la presión psicológica a la que fui sometido.
Como digo, el tiempo corría en contra mía. Acabado el plazo de apelación, para volver a reiniciar el proceso, tenía que estar al menos seis meses trabajando, por lo que tuve que reincorporarme no sin grandes dificultades, pues ciertas empresas, como la Moncobra o la Nervión entre otras, conocedoras de mi enfermedad, se negaron a darme trabajo. Se iban agotando todas las posibilidades y encontré trabajo en un taller hasta que pasaran más de 6 meses, de acuerdo a la ley de invalidez y por la misma enfermedad, que me avanzó el doble. En este período de tiempo tuve que recurrir a la cafinitrina en numerosas ocasiones, porque me daban infartos, y ocultarme debajo de un depósito para tomarla y pasara el infarto. ¡O que llegara el fin de este sufrimiento!
Pasados varios años de lucha y calvario, el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en el año 1999, me concede un grado más de la minusvalía, es decir la absoluta. Por sistema, el Instituto Nacional de la S.S. apela a Valladolid y es curioso que me concedan el grado de la total, es decir, la que anteriormente me denegaba. ¿Con qué fin me conceden la incapacidad que en su inicio por sistema me denegaban? ¿No será porque había llegado a las puertas de la indigencia si acaso llegara vivo?
Durante todo este cambalache he perdido en mi pensión el 50 % mensual, es decir, 900 € mensuales, ya que para hacer el cómputo de la pensión se acogían a los últimos 15 años. Pues los últimos años como he señalado anteriormente, me fue imposible cotizar debido a los problemas de juicios y recursos que me creaban, así como a que muchas empresas me negaban el trabajo por mi patología.
No fue menos importante el dinero que tuve que gastar durante todo el proceso, pues tuve que tirar de los ahorros para que pudiéramos subsistir mi familia y yo. Así como para poder pagar los numerosos pleitos.
Los daños no se han quedado en el pasado. Cuando mi hija tuvo que escoger qué grado universitario estudiar tuvo que rechazar la carrera que más le gustaba debido a la falta de medios económicos para poder costearla en otra ciudad, pues desgraciadamente en León esta carrera no se oferta, al igual que otras tantas.
No quiero concluir sin señalar que mi caso no es aislado, pues hay miles de compañeras y compañeros que se han quedado desamparados y tirados en la cuneta debido a la política antisocial del PSOE y el PP, ambos responsables de estas injusticias. No usen ustedes el comodín de que son competencias de las Comunidades Autónomas. Esto es cuestión de Justicia Social.
Y después, estos partidos políticos, disfrazados de demócratas, van presumiendo de defender los derechos sociales.
¡VIVA LA SANIDAD PÚBLICA, VIVAN LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBLICO!