Hace unos días Ical, la agencia de noticias de Castilla y León publicó el estado de la construcción en ésta nuestra comunidad, y, por tanto, aquí. Según el comunicado oficial empieza, textualmente: ‘El ladrillo vuelve a crecer con fuerza en Castilla y León’.
En fin. Es una pena que no se puedan poner emoticonos en esta página, que con ganas me quedo, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras.
Según tan airoso y exultante comentario, crecer globalmente un 28,9 %, lo que así, a primera vista, es verdaderamente para dar saltos de alegría… si no fuera porque al echar la vista atrás y ver de dónde venimos, la verdad, no es, ni mucho menos, para tirar cohetes.
En primer lugar, y como importante, el número de viviendas que han obtenido licencia, en toda la comunidad, es de 6.529. Lo malo es que en el año 2007 esa condición la recibieron, la bobada de ¡Tachaaan! 38.172 (sí, treinta y ocho mil ciento setenta y dos), más o menos, un 600 % más.
Alguno me dirá: «Bueno, pero es que aquellos momentos eran excepcionales». Es verdad, construimos mucho. Entonces, y para tener una visión, digamos, más normal, quizás debamos mirar aún más atrás.
Para ello, no tengo datos globales de las nueve provincias, pero sí de, al menos, León capital.
En esta ciudad, en los años anteriores a la explosión constructiva, en la década de los 90, el número de licencias para vivienda, bloque o individual, fluctuaba entre las mil y las mil quinientas anuales. En los años mozos, 2000 a 2007, ese número, en algunos casos, llegó a sobrepasar las cuatro mil. En 2022, se otorgaron quinientas setenta y una y en 2023, quinientas cuarenta y una, EN TODA LA PROVINCIA.
O sea, del 22 al 23 hemos bajado un 5 %. Añadamos que, siendo muy optimistas, de esas quinientas y pico, en la capital pueden haber sido 400. Eso, en comparación, no ya con la edad de oro, sino con los años 90 (1000-1500), es el 30 % de entonces. Así que eso de que «el ladrillo vuelve a crecer con fuerza»... Más moral que el Alcoyano, que se decía cuando éramos jóvenes.
¿Y porqué? Esa es una buena pregunta, con muchas espinas en la respuesta.
Se construyó en exceso del 2000 al 2007. Sí, más de lo que era lógico. Pero han pasado ya un número suficiente de años como para que se restituyera el ritmo de construcción. Y la población, que ha crecido globalmente en toda España, por estos lares ha decrecido.
El panorama económico global ha sido, y es, malo. Sí. Claro que si hacemos caso a las declaraciones de los ministros del ramo, estamos no bien, sino muy bien. En fin.
La pandemia supuso un frenazo. Sí, y también el cierre de muchas empresas, unas por necesidad y otras por edad, incluso aburrimiento, de sus empresarios (y de esas hay muchas más de lo que nos creemos). Y no solo de empresarios. También de oficios y mano de obra que aprovechó para pasarse al bando de los jubilados. Hoy la mano de obra es deficitaria, con todo y que el sector se surte sobre todo de extranjeros.
Hasta aquí las económicas y, diríamos, funcionales. Luego están las políticas.
Con la pandemia, el gobierno puso, con carácter provisional y coyuntural, medidas de limitación del desahucio y luego del control de los alquileres (quiero suponer que con buena intención aunque lo dudo). Hoy aquella situación excepcional ha desaparecido, pero el decreto sigue en vigor, corregido y aumentado, y con un alto porcentaje de vivales que, a su sombra, viven de lo ajeno. Han pasado años, y las medidas, si han servido para algo, ha sido para provocar su reacción inmediata: como propietario, no sólo estoy indefenso, sino que, además, me meten la mano en los bolsillos. Pues no alquilo.
Por el medio, y en diferentes etapas se han anunciado la puesta en construcción de diferentes lotes, siempre por miles, de viviendas públicas de aquí, de allá y de acuyá, más o menos, en total doscientas mil… de las que, aunque años ha algunas se anunciaron, aún no hemos visto ninguna.
Pero que si quieres arroz Catalina, la demanda crece y la oferta, cómo no, decrece, así que, al final, la semana pasada El Gobierno ha decidido reunirse con la patronal de la propiedad y la construcción y pedirles árnica. «Necesitamos vuestra participación», les ha dicho lisa y llanamente. Parece que, al fin, se dan cuenta de que es la iniciativa privada la única que con agilidad y medios para lo que se pretende. Veremos, porque si no se modifican tanto las condiciones de control de precios como las de seguridad jurídica, me temo que todo va a seguir igual. Y eso lo veo difícil, porque si algo ha demostrado este gobierno, es la urticaria que parece le produce el legislar protegiendo la propiedad privada y a los arrendadores, que es el quid de la cuestión.
Y no hay que olvidar que los promotores y constructores hacen su trabajo no para su propia explotación, sino para vender a terceros, a usted y a mí (y que no nos cuenten la milonga de los fondos buitre y los grandes tenedores, que son el 10 % de la propiedad de viviendas). Y usted y yo tenemos nuestro problema y manera de ser.
Porque el ladrillo fue siempre la hucha de los de a pie: para especulación, desde luego, pero mucho más como refugio y ahorro, pensando que puede ser un seguro para la jubilación o con la sana intención de dejar una casa para sus hijos, que falta les va a hacer. Vana es su fe, hoy por hoy. Los primeros, por ese control de precios y de falta de seguridad legal, tienen muy negra la posibilidad de disfrutar de esa ayuda en su jubilación (cuando no resulte que encima les cueste dinero), y los segundos tampoco, por los tres impuestos que se les aplica al hacer la donación (plusvalía municipal, sucesiones autonómicas y, sobre todo, el impuesto estatal de la Ley Montoro de 2014, que es el 23,8 % de la diferencia entre el precio de compra en su día y el de la venta, que es el que se toma, aunque sea donación y en ningún caso venta). En fin que todo su plan de ahorro, se ha ido al guano.
Demasiadas espinas en el bollo como para que, si no se modifica, vaya a va a renacer el sector de la construcción y mucho menos a «crecer con fuerza» (Ical dixit).
