Esta semana se ha presentado un grupo de acción, Unidad Leonesa, compuesto por ciudadanos de todas las ideologías. Reclaman la Autonomía de León a través del artículo 144 de la Constitución Española, para lo que van a entrevistarse con diferentes autoridades e instituciones fuera de la provincia. ¿Pero qué dice este artículo?
El artículo 144 expone que «las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia». También establece que las Cortes Generales pueden sustituir la iniciativa de las corporaciones locales para llegar a la autonomía.
Una vez declarado el conflicto entre la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, mediante la moción aprobada en la Diputación y la conminación de la oposición popular a iniciar el proceso autonómico leonés todos juntos, la Junta pasó a ser parte interesada en el choque de intereses, por lo que queda en el Gobierno Central la obligación de resolverlo. Como el conflicto solo puede ir a peor, el sentido común dice que caminamos con firmeza hacia la 18ª autonomía por el 144.
No hay un caso comparable en España: con mayoría social a favor, viabilidad constitucional, precedentes antidemocráticos de la Junta de Castilla y León, explicitados por sus protagonistas, y apoyo de las instituciones que representan a la mayor parte de la población provincial. Si el proceso autonómico se demora, se despertará la misma contestación en Zamora, que es una economía demolida por la Junta de Castilla y León, pero que todavía no ha manifestado ni apoyo social suficiente, ni menos aún político para la autonomía.
Sobre las causas de interés general, la ausencia de autonomía de la provincia de León trajo el agudo deterioro de sus estructuras económicas y sociales en los últimos 40 años por una infrafinanciación pública enorme (solo en este año de unos 1000 millones de euros). Pero este descalabro de León, Ponferrada, La Robla, Bembibre, Astorga, etc supone el bloqueo de los ejes industriales que deberían haberse desarrollado entre León y Gijón, entre León-Ponferrada-Orense y Vigo, y entre León-Ponferrada-Lugo y A Coruña, tal y como se desarrollaron entre Toledo y Madrid, entre Zaragoza y Euskadi o entre Torrelavega y Bilbao.
La ausencia de autonomía leonesa se traduce para España en una pérdida de PIB acumulada de cientos de miles de millones de euros, por el frenado de esos corredores industriales, que unen las costas con el interior del noroeste y Madrid. Es un interés tan general, que afecta al Corredor Atlántico por uno de sus extremos.