Es un poco ingenuo a estas alturas sostener que En España existe la separación de poderes. El legislativo nombra al ejecutivo y, en la práctica opera a su dictado, bien porque la mayoría absoluta coloque a ambos en manos del mismo partido, o bien mediante el sistema de la compra de votos de grupos minoritarios, utilizado en innumerables ocasiones tanto por el PSOE como por el PP.
El poder judicial dejó de ser independiente en 1985, cuando el PSOE modificó Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces de los más altos tribunales fuesen nombrados, de forma más o menos indirecta, por los partidos políticos. «Montesquieu ha muerto», declaró Alfonso Guerra.
Sin embargo, algunas instituciones sobreviven a las ansias concentradoras del poder. Una de ellas es la acusación popular, que permite a cualquier ciudadano querellarse y actuar como acusación en el proceso penal. El ejercicio de la acción popular por asociaciones independientes ha permitido la depuración de muchos delitos que, de otra forma, jamás habrían llegado al juzgado, porque sin ella, sólo podrían haber sido perseguidos por el Ministerio Fiscal, directamente dependiente del Gobierno.
Pues bien, mediante una proposición de Ley propia de una dictadura bananera, el Gobierno trata de acabar con la acusación popular, con el único fin de proteger a la esposa del Presidente del Gobierno. Que esto es así lo demuestran varios párrafos de la iniciativa, como el que la fundamenta en que «el uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos –manifiestamente autoritarios– no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales y a adversarios políticos»; o el que señala que su objetivo es «asegurar los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso y, concretamente, su derecho al honor». Además, una disposición transitoria establece que la norma es aplicable a los procedimientos en curso a la fecha de su aprobación. Más claro, agua.
Es obligación de todos los profesionales del Derecho, con independencia de sus simpatías políticas, alzar la voz contra este intento despótico de fulminar una institución que ha estado presente en nuestro ordenamiento desde las Partidas de Alfonso X.