La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) facilita múltiples estadísticas e indicadores dentro del sector educación, además de realizar en su marco diferentes estudios dentro del sector, el más conocido, sin ninguna duda, es el Informe Pisa, que permite disponer de información comparable de los Estados miembros de esta Organización y de otros países asociados. Además, es necesario destacar una publicación anual denominada ‘Education at a Glance. OCDE Indicators’ (Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE) que analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos. El último informe sobre educación presentado el día 10 de septiembre por la OCDE recoge datos de los 38 países miembros de esta organización, incluyendo España. Viene a ser una radiografía del estado de la educación en el mundo desarrollado. Uno de los puntos de este informe es que en España hay una gran diferencia entre la escuela concertada y la pública. Parece que es urgente revisar los módulos de los conciertos, es decir, el dinero que recibe la concertada del Estado. La comparación es insultante y, por tanto, injusta: «En la pública la Administración se gasta 7.899 euros por alumno y en la concertada la cantidad no llega a los 3.000». España gasta 9.720 € por estudiante en las escuelas públicas de Primaria, mientras que en las escuelas privadas el gasto es de 4.557 € por alumno. Esto significa que la concertada recibe por cada alumno de Primaria menos de la mitad que la pública. La OCDE está gastando por cada alumno de concertada 2.563 € más de media que en España. Lógicamente ante los datos de este informe las Escuelas Católicas reivindican que no se puede obviar que la enseñanza concertada educa a un 33 % de los alumnos de España y por ello merece una financiación justa y que corresponda a su coste real. La diferencia es abismal y, por lo tanto, la injusticia «clama al cielo». El País del 23 de octubre publicaba que el Ministerio de Educación está dispuesto a abrir la negociación con los patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que reciben. El ministerio que dirige Pilar Alegría pretende cumplir con ello la previsión contenida en la ley educativa, Lomloe, aprobada en el 2020, que contempla dicha revisión. Ambas partes asumen que ello implicará más dinero. Educación espera en paralelo un compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión (admitir más inmigrantes) y gratuidad real de la escuela concertada, es decir, eliminación de las cuotas obligatorias que cobran buena parte de ella. Al día siguiente, 24 de octubre, el ABC confirmaba que el Ministerio de Educación confirmó que el Gobierno se dispone a actualizar la cuantía de los fondos que reciben los centros concertados.
Según Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional debería salir al «rescate» de la escuela concertada porque se encuentra en una situación comprometida. Por una parte, por la baja natalidad, que supone una bajada en la cuota de alumnos de hasta el 30 %, lo que ha provocado un pequeño goteo de cierre de colegios, un asunto sobre el que urge tomar medidas y, por otro lado, apremia abordar la situación económica. Los centros están ya acusando el menor poder adquisitivo de las familias por la inflación y eso se traduce en que obtienen menos ingresos extraordinarios por sus servicios complementarios (gabinete psicológico, venta de libros, uniformes, aportaciones económicas voluntarias de las familias...). «Admitimos que la financiación sea un poco mayor en la pública, porque hay zonas rurales con pocos alumnos que tienen que ser escolarizados, pero no que se destine el doble que en la concertada. No debemos aceptar que la Administración pague la mitad de lo que debería y que las familias tengan que ayudar voluntariamente». El sueldo de los profesores de estas escuelas es otro asunto pendiente de actualizar.
El Ministerio parece dispuesto a actualizar la aportación económica, e incluso no se descarta que cree una regulación nueva con los módulos de conciertos, pero pretende que esa actualización económica venga acompañada de la supresión de las cuotas voluntarias a las familias y de la admisión de una mayor cuota de inmigrantes.
Por último, este «rescate» a la escuela concertada no es un invento de última hora. Ya se había establecido en la disposición adicional 29 de la LOE, aprobada en 2006, una obligación que estaba pendiente y que ha sido retocada y ampliada por la Lomloe.
Parece que ha llegado el momento del rescate a la escuela concertada y, tanto el Ministerio de Educación como Escuelas Católicas, están a punto de firmar el acuerdo oportuno.