Futurible, más o menos cercano. Semanas después de las elecciones se alcanzó mayoría parlamentaria para formar gobierno gracias al apoyo del nuevo partido, Parlamentarios Agrarios. Por su parte, este logró la promesa de la aprobación de una amnistía para los encausados por las tractoradas y altercados acaecidos en febrero de 2024. Los partidos de la oposición criticaron esa posible amnistía por arbitraria y extraña al Estado de derecho y la Constitución, pero el recién elegido presidente del gobierno defendió que ha sido redactada «con todas las garantías legales» y la necesidad de «pasar página y favorecer la concordia con el mundo rural y sus reivindicaciones. No se oye protesta alguna del campo desde que gobernamos», concluyó tajante.
Sin embargo, en un auto inesperado y muy criticado desde el gobierno por «escasamente oportuno», el juez Gómez-Benidorm ha decidido imputar por terrorismo a los organizadores de las protestas que tuvieron lugar aquel febrero. Argumenta el escrito judicial que durante esas manifestaciones no autorizadas se produjeron algaradas y disturbios y se vulneró el derecho ciudadano a la libre circulación mediante coacciones y abusos, así como alteraciones graves del orden público y del abastecimiento de primera necesidad con objeto de subvertir el mandato constitucional que garantiza la libertad individual y de tránsito. Recuerda a propósito el esguince de tobillo de una viandante y la pérdida de una cita médica largamente esperada.
Mientras, el Fiscal General del Estado informa que no cabe entender delito de terrorismo en tales hechos, si acaso el de manifestación no autorizada y desórdenes, infracciones por las que se tramitaba la amnistía que ahora deberá ser revisada para hacerla extensible a todos los implicados. El gobierno, por su lado, ha propuesto la redefinición del delito de terrorismo, para que no tenga en cuenta aquellos disturbios y revueltas del sector agrario, pero se encuentra con que una reforma de esas características volvería a dejar fuera de tal consideración a los condenados por el procés, que quedarían libres de penas. Se estudian alternativas. Entre tanto, la oposición subraya la incongruencia de estar moviendo de sitio la definición de terrorismo cada poco tiempo a conveniencia de los intereses políticos, creando una indefinición jurídica que ni el vídeo-arbitraje. El CGPJ, sin renovar desde hace (inserte cifra) años, ha pedido silencio, respeto y una ronda más.
Un portavoz de Jueces para la Aristocracia cita: «Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino», (Jueces 2:18-19).