Hace quince días, en esta misma columna comentaba los datos que Ical publicaba sobre la actividad del sector de la construcción en la comunidad. Eran las licencias que se habían dado en cada provincia en el año 23.
Ahora, hace unos días, el Banco de España ha hecho lo propio, pero para todo el país y analizando, no las licencias, sino todo el global del sector, cómo está tanto en la construcción como en el acceso a la vivienda.
Y no es un informe pequeño, porque, por ejemplo, solamente el capítulo 4, que se refiere al mercado de la vivienda tiene 44 páginas. No es posible entrar a fondo en él, pues eso requiere un espacio que aquí no hay, además de ser, seguro, muy aburrido.
Un informe completísimo aireado, sobretodo, en prensa, radio y televisión que, no diciendo nada que no se sepa, evidencia, sobre todo, las debilidades del sector, motor durante muchos años y hoy en anímico estado de depresión que se evidencia en una casi completa inactividad (tal como se expresaba en el informe de Ical).
Eso no quita que me haya llamado la atención la cuantificación que hace del número de viviendas que hacen falta ahora mismo: 600.000 (seiscientas mil). Y, si miramos el parque de vivienda pública, la puesta en el mercado por las diferentes administraciones, para igualarnos a la media del resto de los países de Europa, la cifra es 1.500.000. En fin.
La verdad es que, desde que tengo uso de razón profesional, o lo que es lo mismo, desde que terminé la carrera y empecé en este mundo del ladrillo, siempre han faltado viviendas, pues ya en aquél momento, justo al recibir el título, recuerdo, hacían falta 1.000.000 de viviendas.
Y, desde entonces, y ya ha llovido (y ha habido sequía, y ha vuelto a llover, y así varias veces), se han construido unos cuantos millones más. Claro que la población ha aumentado un buen número de millones también.
Pero, vayamos por partes. El propio informe reconoce que ese, siendo un estudio general, los datos más relevantes se refieren, sobre todo, a las llamadas zonas tensionadas, zonas de costa, tanto por arriba como por abajo, además de Madrid. El resto, nosotros, no está contemplado o, al menos, no con tanta dedicación. Aunque son aplicables las mismas observaciones y recomendaciones.
Y, de todo ese informe, especialmente del capítulo 4, en el que se analiza quien construye, da licencias, facilita suelo y, finalmente, compra o alquila, lo que se revela en todo el documento es que, lo que de verdad falta, son viviendas para el segmento de población menos pudiente, un espacio social muy amplio que empieza en una buena parte de la clase media y, desde ahí, hasta abajo.
El casado casa quiere, siempre se dijo, pero, también el que no está casado, faltaría más. Todos, casados, solteros, viudos, juntados y separados anhelan una casa. Va en la naturaleza humana. Vamos, que es lo que te pide el cuerpo, entre otras cosas, porque el cuerpo lo necesita.
Y este es el problema: se necesitan, pero no se pueden obtener, ni por compra, ni por alquiler.
También en él se enumeran todas aquellas cosas que interviene en esa carestía. Tenemos una legislación que, por querer ser garantista, se ha hecho profusa, confusa, difusa y permanentemente mutante, que complica todo el proceso administrativo, una maquinaria administrativa compleja (hace no tantos años, un proyecto de construcción se informaba previamente por el aparejador municipal, luego por el arquitecto y, de ahí, a licencia, mientras hoy, a esos dos pasos se les ha añadido unos cuantos más precisamente por esa legislación), lo que ralentiza el proceso de licencia.
Poner suelo en uso es un viaje larguísimo, además de carísimo. Tanto por el propio procedimiento administrativo previo, muy similar al antes mencionado para la licencia de construcción, como por la propia urbanización material, obligada a responder a las cada día mayores demandas tecnológicas en forma alumbrado, electrificación, saneamiento, abastecimiento, telefonía, amén de una solidez material que soporte el uso que hoy es habitual. Todo un dineral enterrado (en el sentido literal de la palabra, porque no se ve). Y todo lo anteriormente dicho para la urbanización lo es como queja, sino como explicación de una realidad poco conocida y, por tanto, mal evaluada por los usuarios.
Llegado aquí (y el informe es muchísimo más largo y complejo), uno se da cuenta de cómo se pusieron en el mercado millones y millones de viviendas con aquellos planes anuales de las llamadas VPO (Viviendas de Protección Oficial), que hicieron del ladrillo el rey de la clase media (y no tan media), que dotaron de ‘casa’ a media España, y que ya he explicado cómo funcionaba más de una vez y no voy a repetir. Es más: es que, lo recuerdo bien, en aquellos tiempos, ni mucho menos tan lejanos, el 90 % de la edificación en bloque (que a su vez era el 90 % del total), era de VPO.
Y digo yo. Si aquello funcionó, por qué no puede volver a funcionar. Por qué no nos dejamos de complejísimos procedimientos, rodeados de muy sofisticadas consideraciones, decretos, limitaciones y llamadas de auxilio a todo el sector y montamos un plan nacional similar al de entonces.
