Diputados al banquillo

Si en el Palacio de los Guzmanes tenían la esperanza de no volver a protagonizar ningún escándalo de aquí a las elecciones de mayo, que se preparen para volver a saltar a las portadas. Inmersos en los meses más convulsos de la historia del Palacio de los Guzmanes –un asesinato, varias imputaciones, sospechas de corrupción y muchas citas en los tribunales–, el equipo de gobierno y el expresidente de la Diputación se enfrentan ahora a la querella que han presentado por vía penal en la Fiscalía cuatro funcionarios de la casa. Acusan a la bancada de los populares de haber incurrido presuntamente en siete ilícitos penales, según consta en los 22 folios de la denuncia: prevaricación, falsificación de documento oficial, coacciones, acoso laboral, tráfico de influencias, fraude y malversación de fondos.

Los denunciantes les acusan de llevar a cabo un reparto ilegal de los puestos directivos –y sus abultadas retribuciones– del Servicio de Asistencia a Municipios, «acosando laboralmente a los denunciantes por resultar un obstáculo para la consecución de los fines de los denunciados». Este caso devuelve el foco a la controvertida política de Personal que en los últimos años ha llevado a dilapidar muchos miles de euros del erario público en defender innumerables causas en los tribunales. Y mientras el SAM se encuentra prácticamente paralizado, algunos rezan para que se retrasen un poco esas sentencias demoledoras que están al caer.

¡Más madera, que les sale gratis!