El bucle de la educación

En la pasada primavera, aún estaba vivo el caso de la disfrutada beca a distancia del diputado Errejón, en una jefatura de departamento afín de la universidad malacitana, y adquiría notoriedad el tingladillo del máster obtenido por la presidenta de la autonomía madrileña, Cristina Cifuentes, en un llamado Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por un profesor llamado Álvarez Duque. Al tiempo, se cumplía un año desde que el sindicato Asociación por la Mejora de la Enseñanza Secundaria en Cataluña (AMES) reclamase la elaboración de informes oficiales acerca de la idoneidad de los contenidos de los libros de texto catalanes.

En lo concerniente a la educación universitaria, vienen deparando la atención informativa nuevos y abundantes casos de posibles o probadas prebendas para representantes públicos, en la obtención de títulos o convalidaciones. Con un galimatías tal, por parte de los afectados y de los comunicadores, que aquel español ajeno al mundo universitario puede, finalmente, otorgar similar importancia a los antiguos cursos de doctorado o de Tercer Ciclo, que no son finalistas, sino una capacitación previa para la elaboración de una tesis, que a un máster anual, el cual sí facilita un título con que puntuar en oposiciones u obtener merecimiento en la empresa privada. La obtención del doctorado es el culmen de la formación académica, requiere años de dedicación investigadora, ha de aportar ideas originales, nuevas, a la ciencia o a las humanidades, y permite acceder a la enseñanza universitaria y alcanzar gran consideración en empresas ‘punteras’.

Lo aventado en estos últimos tiempos, respecto a los másteres y doctorados de algunos miembros de los dos principales partidos políticos, requiere la redacción de una comedia de enredo, con entremeses y bailes en los entreactos, loa de apertura y la típica mojiganga final con danzantes enmascarados, extravagantes. En la representación, algunos finalizarán su papel antes del tercer acto (si ahora fuese), pues como bien sabemos se han visto obligados a dejar sus cargos públicos después de afrontar una bochornosa escenificación. Como han de existir jueces, el enredo será mayor de lo acostumbrado, con predominio de lo trágico sobre lo cómico, dada la melosa vinculación de las damas y galanes doctorandos con los preclaros doctores examinadores; y no ha de faltar el gracioso o confidente, que lleva y trae los secretos mejor guardados. La comedia podría llevar el título de ‘Las moscas en la miel’, por el especial olfato de los políticos en cuestión para degustar un único panal, aquel donde moran las abejas del Instituto del profesor Álvarez Duque.

Con ser el anterior enredo digno de público repudio y condena por los ‘tratos de favor’, es una bagatela comparado con la relevancia de la edición de los libros escolares por autorización de algunos gobernantes regionales, con especial ahínco los de Cataluña. La educación que recibimos, lo que hemos de aprender en los años de infancia y adolescencia, nos aporta múltiples valores, para la concepción del mundo, los avances de la humanidad, el aprecio a nuestra patria, a la lengua materna, y a otras existentes en el entorno. De ahí que los gobernantes, cuanto más autoritarios más intervienen –en una nación, o en una autonomía dentro de ella–, para acomodar el pensamiento de los educandos a sus espurios intereses. La existencia de esta perversión, en territorio catalán, viene siendo denunciada desde hace lustros, pero los gobernantes de la nación, sus responsables máximos, vienen escondiéndose, como taimados, para no reconocer su veracidad. Semejante comportamiento aplican al incumplimiento de determinadas leyes constitucionales; incluso se desentienden de lo dictado por los fallos judiciales, el más clamoroso el relativo al uso mínimo del español en el currículo educativo.

Ya hace más de un año, como mencionábamos con anterioridad, que ante las múltiples denuncias sin respuesta, por parte de colectivos, asociaciones como AMES, el anterior Gobierno proclamó a los cuatro vientos que encargaba un informe sobre la manipulación de los libros de texto (encaminados a ignorar o despreciar aspectos fundamentales de la nación española). En este intervalo hemos descubierto que existe una Alta Inspección del Estado, pero sin atribuciones; y el desamparo, por parte del Gobierno, de hijos de guardias civiles, o de otros españoles que se alzan contra la arbitrariedad en el ejercicio docente. Cierto es que existen muchos informes, particulares, incontestables, sobre la ‘conducción’ educativa por parte de los secesionistas catalanes y sus tentáculos. Pero especialmente importa el resultado de ese informe oficial encargado por el anterior Gobierno, que ocultó, y estos días de actualidad al negarse el actual a hacerlo público, con una serie de peregrinas consideraciones, cuando la fundamental es evitar asumirlo.

Si abochorna el comprobar los vasos comunicantes entre algunos políticos y determinados ámbitos académicos, mayor preocupación entraña el bucle en el que se regodean los que procuran inocular, en la enseñanza, un despego hacia nuestra nación.