El problema de acceso a la vivienda se ha recrudecido en los últimos años por el aumento de los precios –tanto en alquiler como en venta– y de las operaciones de compraventa. Y quizá sea esta la causa del repunte de la ocupación ilegal por parte de personas que no tienen otra alternativa o que directamente no la buscan. Para el primer caso, las administraciones han de buscar soluciones a través de la vivienda social. Para el segundo, sólo quedan el desalojo y los tribunales, porque las ayudas están para quienes las necesitan, no para quienes quieren vivir a cuenta de los demás. Por eso, la otra gran conclusión que puede extraerse de los datos es la necesidad de actualizar la legislación, ya que no puede ser que, también en este caso, los propietarios sean los grandes perjudicados. Resulta que, si uno llama a la policía porque le han okupado la casa, la policía no puede entrar, pero en cambio si entra por la fuerza y dice que ya estaba allí cuando han entrado los okupas y demuestra que la vivienda es de su propiedad son expulsados en el momento. Se supone que la ley tiene que aclarar los derechos y libertades de cada cual para evitar que se llegue al uso de la violencia para solucionar los problemas.
El debate sobre la okupación
Los casos repuntan por los problemas de acceso a la vivienda y sus altos precios. Las administraciones deben ayudar a quienes no tienen oportunidades y la ley debe de castigar a quien lo las busca
30/12/2024
Actualizado a
30/12/2024
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