El estado de la cuestión

Los prolegómenos y desarrollo, para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, más han sido, en el caso de Cataluña, los propios para un estado asociado en estado de excepción, que los correspondientes a una región (o nacionalidad) integrada en una nación soberana. Hay aún una tercera acepción –discúlpese tanta redundancia–, para el sustantivo ‘estado’, que es el de la cuestión.

Más de 9000 agentes –de los cuales mil, desplazados, corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado– han sido desplegados en ese Principado para evitar un desbordamiento de las protestas callejeras, abanderadas por los CDR y las dos asociaciones pro independencia, Òmniun y ANC. Se constata, como sucedió el uno de octubre de 2017, en el desafío del seudo-referendo, cómo el Estado ha admitido ser desalojado de agentes propios, y, por otra parte, en qué medida el Gobierno de la Generalidad posee un potente cuerpo policial con el que puede (se probará, en el próximo juicio contra la sedición, con qué malas artes) tanto impedir el cumplimiento de la ley, como incitar a la rebelión en la calle y, al tiempo, controlarla.

Las manifestaciones de los mandatarios catalanes, respecto a considerar la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona como una provocación, y la declaración parlamentaria de rechazo a la Constitución, indican hasta qué punto desde los órganos representativos y de poder se está en el ánimo de acentuar la fractura de la nación. Los partidos secesionistas son un avispero, pero con un interés común: capitalizar y ‘calentar’ el voto separatista; unos como la CUP y la facción del expresidente fugado, junto a los CDR y asociaciones, con cuantas revueltas sean necesarias; otros, como un sector podemita y Esquerra, fiando a más largo plazo el propósito de instaurar una república independiente catalana.

La escenificación plasmada el jueves de dos gobiernos, presentados como rivales y en plano de igualdad, es una comedieta de difícil ‘digestión’. Primero por las atribulaciones de los actores para denominarla, si cumbre, minicumbre, o reunión. Segundo, por el reparto escénico: dos por aquí, que si con flores amarillas, que si con otras rojas furtivas, y otros cuatro por allá; para, al final, todos juntos, obsequiarnos con su presencia en el escenario como cierre de la función. Una función, en realidad, con el telón bajado, pues de lo que hablaron o pleitearon es cuestión de adivinanza; si es que de algo charlaron y no fue todo impostura. No obstante, nos obsequiaron con un manifiesto conjunto, verdaderamente ingenioso, pues no es nada fácil cumplimentar once líneas en cuatro párrafos sin decir nada, y con unas oraciones que se alargan como corriente de arroyo.

El vocabulario de este manifiesto es digno de estudio, por la sustitución habitual de se acuerda por «se señala», la voluntad de «vehicular» una propuesta política, por consensuar…, y todo ello en un marco de ‘diálogo’, ‘diálogo efectivo’, ‘diálogo’, sin decir sobre qué, concretamente. Lo que sí tuvo que ocasionar un devaneo mental a todos ellos fue el encontrar una expresión para evitar otra, fundamental, y a la que el Gobierno, como respeto a la ciudadanía, no debería haber consentido se suprimiese en tal comunicado que han hecho público: la Constitución Española, la Carta Magna, a la que se han de atener el Gobierno y los mandatarios catalanes.

Cuidado que se han obviado en estos tiempos las palabras comunes por otras figurativas: «derecho a decidir» por autodeterminación o secesión, ‘process’ por actuaciones para lograr la independencia…; pero las de este manifiesto del Gobierno y los mandatarios catalanes, en aras a omitir las relativas a la Constitución y provocar toda suerte de acertijos y quisicosas en los medios, sobrepasan el común sentido. Están insertas en esta frase del texto: «(se ha de alcanzar) una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». ¿Cuáles son esas demandas?, ¿y cuál es el marco de la seguridad jurídica?, acaso la Ley Básica de Residuos Tóxicos como garantía de salud, la Ley de Propiedad Horizontal en un inmueble, la Ley del Ruido para garantizar el derecho a no ser atronado en la calle o en casa…, ¿o cualquier otra, pintoresca?

No es anecdótica, esta omisión de la Constitución, en la reunión de estos representantes públicos, mantenida en Pedralbes: en realidad, tal ausencia intencionada tiene detrás toda una serie de acontecimientos políticos que la han vulnerado, un propósito presente de seguir violentándola; y todo ello financiado con dinero público y al amparo de una Constitución de la que se sirven –y cobran, y gastan– para intentar dinamitarla. Es el ‘caso’ de Cataluña la muestra más palpable de un Estado más que descentralizado, desarticulado.

Porque el estado de la cuestión es este: más que pensar en nuevas transferencias para los entes territoriales, urge, además del cumplimiento de las leyes, armonizar y dotar a la nación de otras que no dejen ‘cabos sueltos’; normas, en suma, de obligado cumplimiento que garanticen los principios constitucionales en los ya existentes.