Coger el toro por los cuernos, en este país, siempre ha sido la expresión más clara de que algo va manga por hombro, o no da en el clavo, o, simplemente, no hay manera, y hay que dejarse de historias y… coger el toro por los cuernos (con permiso de los animalistas, aunque, ya que no se trata de hacerlo físicamente, no creo que se opongan). Claro que, vaya usted a saber.
Ahora, la Ley del Suelo, a la que se había añadido la rimbombante coletilla de «y Rehabilitación Urbana» (lo que la hace más aparente, pero nada más, porque seguía siendo la Ley del Suelo de siempre), ha sido nuevamente ‘arreglada’.
Yo ya no sé, no recuerdo, cuantas veces he escrito que tenemos una legislación, profusa, difusa y confusa, de todo tipo, no solamente de urbanismo y construcción. De todo.
Quizás sea por nuestra base de justicia romana que juzga los efectos y no las causas (justo al contrario que la anglosajona), o esa raíz árabe de los reinos de taifas que todo lo divide y subdivide y que, además, añade una cualidad variable y disquisitoria en cualquier cosa, o tal vez esa manía garantista y prolija de tratar cualquier asunto jurídico. No lo sé, ni creo que nadie los sepa.
En esto de la legislación, de cualquier sector, y juraría que en el de la construcción aún más (aunque puedo estar equivocado, pero es el que me toca y por eso sangro por la herida), he visto pasar ley sobre ley, decreto sobre decreto y norma sobre norma, unas sobre otras, al aire de las modas, las circunstancias, la ecología y, sobre todo, las políticas del momento.
Cuando empecé mi oficio de arquitecto, que oficio es, por muy técnico y artístico que se quiera, había una publicación anual que recogía toda la legislación (y cuando escribo toda, es toda), allá por 1970. Era el ‘Aranzadi’, una joya básica del derecho. Y me suscribí, porque había que estar al día. Era un tomo anual de unos 8 cm de grueso, de lomo beige imitando piel con una banda azul y otra roja. Tres años después eran dos al año. A partir de los años 80, cual feraz sembrado, ya eran media docenita de tomos por cosecha. Inmediatamente me di de baja, pues aquello iba camino de convertirse en el ‘Espasa’ (los viejos del lugar ya saben a qué me refiero). No sé cuántos serían hoy, aunque con eso de la informática el volumen ha cambiado. Pero no la proliferación de leyes, decretos y normas, gracias a nuestra manera de ser… y de nuestras autonomías. Y todo ello, por arte de birli birloque (y de nuestros políticos), se ha convertido en una penitencia peor que cuaresmal. Libros y libros, papeles y papeles. El cuento de nunca acabar.
Hay una Ley del Suelo (y Rehabilitación Urbana), y catorce más de todas y cada una de nuestras Autonomías, porque, eso sí, cada uno ha de poner su pica en Flandes, o sea, en el Urbanismo.
Y todo esto vine a cuento porque una nueva reforma se ha puesto en marcha… aunque ya, sin aún tramitarse, está en vía muerta, pues la proposición de ley, unos porque no, y otros porque tampoco, han obligado al gobierno a no presentarla. Quizás, vaya usted a saber, una vez pasadas todas las elecciones, vuelva a coger carrerilla.
¿Y qué tiene de novedosa esta enésima reforma? Pues que, ¡Oh milagro!, por primera vez se reconoce que hay que aflojar la marcha y facilitar los procesos.
La muy larga exposición de motivos, casi tan larga como la propia modificación, aduce cosas tan evidentes como que la proliferación de Reglamentos «provoca su nulidad de pleno derecho por cualquier vicio procedimental, por insignificante que este sea». Aleluya.
O que, «la tramitación se caracteriza por su complejidad técnica y jurídica… agravadas por las heterogéneas, dispersas, y muy numerosas, incluso a veces desconocidas afecciones…», admitiendo que «el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa…».
También que «especial relevancia presentan los numerosos y heterogéneos informes de carácter sectorial y evaluación ambiental estratégica…».
Incluso, ya era hora, prácticamente termina la exposición de motivos, reconociendo que no se puede mantener una situación que permite que toda una tramitación de planeamiento, «de ordenación territorial y urbanística que se elabora durante largos periodos de tiempo» con un ingente esfuerzo, se vaya a declarar nulo por un mero defecto formal.
Y así, en una exposición de motivos de seis páginas, seis. Un texto equivalente a unas diez veces la extensión de este escrito. Ya es de agradecer que, al menos (y al fin), se reconozca el galimatías formal en que nos movemos y sus consecuencias.
Solamente una duda: La competencia en estos terrenos urbanísticos está transferida a las Autonomías, de lo que es plenamente consciente el legislador, que, al final de esas seis páginas, hace una consideración, y casi pidiendo disculpas, por hacer una ley que debe ser asumida por todas las Leyes del Suelo de todas las autonomías, diciendo, muy cuidadosamente, que esas competencias transferidas «no autoriza a desconocer las competencias estatales», pero no ordena que se incluyan.
Así que, quizás, a lo mejor, todo mi gozo en un pozo. Para empezar, ya está esta modificación en vía muerta.
