Un verdadero caos se cierne sobre nuestra querida España porque el panorama de afectados por el afán impositivo, y no sólo en economía, de la Administración es tal que sus fauces, llenas de los agravios a los ciudadanos, no le permiten rectificar y menos a ciertos partidos políticos, que sólo vislumbran en el horizonte la estadística de los escaños que van a obtener.
Algunos contribuyentes, asfixiados por el afán confiscatorio de las haciendas públicas de los pequeños «estaditos españoles», han decidido mostrarse a los medios públicos y acudir al amparo de los altos tribunales, ofreciendo así un escenario de ciudadanos jubilados y en activo, agredidos por juntas autonómicas y ayuntamientos, que en su afán de recaudación despojan a las personas de sus herencias bien trabajadas y honorables.
¿No es motivo suficiente para que la fiscalía general del Estado se ocupe de un tema grave como es el abuso fiscal de ciertas instituciones?
El afán confiscatorio de las haciendas públicas para enjugar sus déficits, gastos estrambóticos y mala administración, por no decir otras, ¿no es materia adecuada para que todos los medios de la justicia aterricen sobre los consistorios españoles y de una vez por todas arreglen este desaguisado?
¿Los políticos españoles no se dan cuenta de la enorme brecha que se está abriendo en la ciudadanía, la distancia abismal de confianza y el nicho de pobreza?
En España existe un peligroso virus que se extiende como una mancha de aceite y que se alimenta de varios factores: envidia, división, insolidaridad, mala educación, abuso de poder, falta de amor al propio país, todo ello propiciado por elementos internos y, por supuesto, con la enorme satisfacción de los que contemplan, desde fuera de nuestras fronteras con auténtico regocijo, el estropicio social.
No es posible que en tan poco tiempo los tribunales europeos hayan fallado tantas sentencias en contra de nuestras instituciones.
El Gobierno del Partido Popular se lo tendría que hacer ver en autonomías y ayuntamientos, y por supuesto realizar una oposición más fuerte en el Estado, aunque cuando tuvo la manija del poder no promovió ninguna reforma al respecto. Lo mismo debería hacer lo que queda del otro partido de ámbito estatal.
Cuando un país tiene el viento a su favor en la economía suele ajustar sus impuestos y recaudación, dando más confianza al ciudadano para que amplíe sus negocios, reciba las herencias sin menoscabo del patrimonio de los ancestros, pueda disfrutar de sus ganancias legítimas y disfrutar de sus pequeñas propiedades a la vez que colabore en el dinamismo de la economía nacional.
Una mayor presión fiscal desbocada y con un afán puramente recaudatorio, implica mayor pobreza de inversión y por supuesto un atosigamiento a las clases populares que muchas veces se ven en la necesidad de renunciar al patrimonio que sus padres les dejan.
Esa política conduce a la ruina particular y a la larga sólo trae depresión y estancamiento en todos los sentidos.
El resultado es el mismo que cuando se ejerce el poder desde la óptica de estar al servicio del partido político y no de los intereses generales de la Nación.