Esta semana participé en la presentación de las primeras jornadas autonómicas sobre terrorismo en Castilla y León, organizadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Colegio Profesional de Periodistas y que tendrán lugar el 25 de septiembre en Valladolid. En mi intervención opiné sobre la importancia que seguimos teniendo a día de hoy los periodistas para dar visibilidad a todo lo relacionado con las víctimas del terrorismo pasado, actual y el que está por llegar.
No es la primera vez, ni será la última, en la que hablo sobre el terrorismo y el dolor que ha provocado a la sociedad española. Por esta razón, la indignación me invade cuando veo cómo algunas personas se esfuerzan en visibilizar algunas situaciones de nuestro pasado más o menos cercano, mientras que pasan de puntillas por el terrorismo de ETA. Una postura que también es adoptada por algunos compañeros de profesión, lo que me cabrea aún mucho más. El motivo por el que se autoimponen una amnesia selectiva sólo lo saben ellos, pero allá sus conciencias.
Los periodistas nos debemos a la verdad y no a los intereses cambiantes de ideologías o de partidos políticos. Nosotros no debemos dejar de lado a las víctimas. Estamos en la obligación profesional y moral de seguir dándoles visibilidad y hacer públicas sus demandas. Esta premisa choca frontalmente con la decisión repugnante de algunos de manipular el relato de lo que sucedió durante décadas en nuestro país, blanqueando a asesinos y a sus cómplices convirtiéndoles en hombres de paz.
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más golpeada por ETA. La primera víctima mortal fue Fermín Monasterio, un taxista originario de Burgos que vivía en Bilbao y que fue ejecutado por un mal nacido en 1969. A partir de ese momento fueron cayendo inocentes hasta llegar a la cifra de 149 asesinados. Si la muerte de un familiar o amigo es irreparable, imagínense si no se tiene al menos la tranquilidad de saber que los asesinos han pagado su pena. Pues tristemente, en la actualidad más de setenta de esos asesinatos vinculados a Castilla y León continúan sin resolución judicial, como por ejemplo el del policía nacional berciano Francisco Pérez. En España hay 379 asesinatos de ETA sin resolver, lo que significa el 44% de todas las víctimas mortales. Estos datos deberían avergonzarnos como país. Sé que hay gente del mundillo de la política, incluidos los herederos de esa banda terrorista, que quieren que su barbarie caiga en el olvido, pero ahí debemos estar los periodistas para contar precisamente lo que ellos no quieren que contemos.