Juicios demasiado rápidos

Quizás me haya quedado anclado en el pasado. Quizás también esté influenciado por mi ejercicio profesional como periodista. Quizás sea un retrógrado y un ‘viejoven’. Quizás esté equivocado al pensar que hay ciertos valores y principios a los que el paso del tiempo no envejece ni deprecia su valor. Quizás esté otorgando mucha importancia a un detalle irrelevante. Quizás cometa un error al pensar que no todo vale. Quizás tenga alergia a lo políticamente correcto. Quizás me repugnan sin razón los pistoleros rápidos de las redes sociales. Quizás quiera imprimir una velocidad demasiado lenta y pausada a lo que acontece. Quizás tenía una imagen errónea de lo que debe ser la justicia, tanto la de toga como la popular. Quizás sea un ignorante redomado al pensar que el simple hecho de que una persona diga algo, no tiene por qué haber sucedido realmente. Quizás las pruebas sean simples elementos ornamentísticos en un juicio. Quizás sea eso.

Desde hace ya algún tiempo parece que en ciertos asuntos no es necesario escuchar la versión del acusado, aunque las únicas pruebas que existan contra él sean una declaración de la supuestamente persona afectada. Y no me refiero a los casos en los que una acusación, sea del tipo que sea, esté acompañada y respaldada por unas pruebas físicas o corroboradas por otros testigos. Puedo llegar a entender que en estas situaciones la gente se lance a juzgar de manera express y dictamine su veredicto en unos minutos e incluso segundos, aunque si nos ponemos puristas siempre se debería esperar a conocer la versión del acusado. Pero lo que es inaceptable es que se lapide virtual y socialmente a alguien cuando todavía no se tienen pruebas fehacientes del delito o falta cometida. Y si esto es criticable cuando lo hacen los ciudadanos de a pie, qué decir cuando lo ejecutan representantes públicos o personas de relevancia social de diferentes ámbitos. Estos deberían ser más prudentes y no ser precisamente ellos los que echen más gasolina a una hoguera que tiene el único objetivo de carbonizar a alguien, incluso antes de que pueda aportar su versión.

El último claro ejemplo de este ajusticiamiento popular ha sido el del supuesto insulto racista que Cala, jugador del Cádiz, regaló al valencianista Diakhaby. Una vez que el jugador del Valencia y el propio club expuso su teoría sobre lo sucedido, la marabunta digital de las redes sociales apedrearon a Cala, aunque en ese momento no hubiera ninguna prueba física más allá de la declaración de Diakhaby. Es más, muchos de los políticos de este país a los que les gusta más hacer política en Twitter que desde los despachos a los que accedieron por mandato popular, se apresuraron a sentenciar al jugador gaditano. ¿Tan complicado hubiera sido esperar a la investigación del órgano competente o ver si alguna televisión pudiera ofrecer una imagen en la que se escuchara el insulto? Porque resulta que tras el peritaje realizado por la Liga y por expertos en leer los labios, supuestamente de la boca de Cala no salió insulto racista alguno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los miles de jueces virtuales que mandaron a Cala a prisión van a pedir perdón público y reconocer el error? Pues evidentemente no. Se callarán como ya saben ustedes quién y estarán expectantes hasta encontrar a la siguiente víctima. Ojo, que no se hayan encontrado pruebas no quiere decir que no haya sucedido, pero lo que no se puede hacer es sin ellas juzgar a nadie. Porque de caer en esta tentación estamos abriendo la puerta a los oportunistas que, con unos u otros intereses, acusan sin ruborizarse a alguien de haber cometido una ilegalidad sin prueba alguna en el zurrón.

Este ejemplo deportivo lamentablemente se puede extrapolar a otros muchos, pero curiosamente siempre suelen girar en torno a los mismos temas y asuntos de actualidad en los que la dictadura de lo políticamente correcto y de la Santa Inquisición ideológica actúan con una ferocidad que, esa sí, supone un ataque e insulto a ciertos derechos y libertades básicas de cualquier sociedad democrática.