La discriminación patrimonial de las pequeñas ciudades

A nadie se le oculta la importancia que tiene, en las ciudades y pueblos con un patrimonio monumental, el que sus vecinos, en primer lugar, lo estimen como rasgo de su identidad, y como un recurso económico. Su preservación, precisamente, depende de ello: de una cuestión de educación y aprecio cultural, que propicie superar la animadversión que en algunos particulares, o sectores influyentes, produce el inconveniente de su conservación. Los ayuntamientos deben ser los principales actores, y son los regidores los que han de encarar las protestas de los particulares, quejosos por los inconvenientes específicos que otros ciudadanos no han de sortear a la hora de construir o remozar su propiedad.

Cada población patrimonial tiene su propia y anterior trayectoria en la conservación; y también en la adulteración o destrucción de sus preciados bienes, con unos responsables públicos, y la existencia de particulares o colectivos indebidamente beneficiados. La democracia nos ha traído una nueva concepción de la ciudad, que se ha inspirado, en parte, en el quehacer tradicional de avanzadas urbes europeas; concretamente, en lo relativo al patrimonio, en la ponderación de la repercusión que tiene para la vida del ciudadano que las habita. No se puede dejar de reconocer que el avance en España, en tema tan trascendental, con complejas implicaciones sociales, resulta innegable. Motivado por la asunción de responsabilidades por parte de las corporaciones municipales democráticas, y por la dotación de organismos eficaces, primero estatales, y con las transferencias, posteriormente regionales, con competencias propias de supervisión de los proyectos de edificación y de mejoras en el viario urbano.

Estamos, pues, en 2018, en una situación nueva, con unos bienes restaurados en grandes y pequeñas ciudades, asimismo en destacados pueblos de escasa vecindad. Llegados a este extremo, cabe el plantearse si para la conservación, atención y difusión de este patrimonio las ciudades y pueblos gozan de igualdad de oportunidades. Evidentemente, no. Mientras las capitales provinciales cuentan con mayores recursos económicos, directos, incluso con dotaciones de cuyo mantenimiento y administración no se han de responsabilizar, pues se hace cargo de ellas el Estado o la autonomía, como bibliotecas, museos, oficinas de turismo…, la pequeña ciudad ha de asumir, sin apenas recursos –pero sí capacidad de gestión–, tamaña responsabilidad. El caso de los pequeños pueblos requeriría una atención diferenciada y específica.

Como un caso válido, aunque extremo, de esta discriminación, podemos fijarnos en la ciudad de Astorga. Al igual que tantas otras poblaciones viene laborando por uno de los recursos fundamentales para su supervivencia: el atractivo turístico ligado al patrimonio y a la gastronomía y repostería; en un entorno comarcal muy atractivo, etnográfico y paisajístico. Decíamos caso extremo, pues junto a los importantes bienes arquitectónicos, el ayuntamiento astorgano ha de hacerse cargo del legado soterrado más importante del noroeste peninsular, el arqueológico; y de sus propios museos, fundamentados en su pasado industrial del chocolate y cereal, en su ‘capitalidad’ romana y, al tiempo, en su acervo literario –que es arquitectónico y documental–.

¿Qué recursos recibe una pequeña ciudad como Astorga para soportar el gasto del mantenimiento o remodelación, administración y difusión de bienes culturales, que más allá de lo local están imbricados en la historia de nuestra civilización? Pues pese a la carga que supone para un escaso presupuesto municipal, pocos, apenas ninguno. La precariedad es la palabra con que definir la situación en que se desenvuelve el patrimonio y su promoción, con ayudas temporales, para contratación de personal ‘turístico’ o de atención en los propios museos.

La riqueza patrimonial de una ciudad es un bien universal, y de esta premisa deberían partir las instituciones regionales y estatales, que son las que cuentan con mayores recursos, cuando no la propia y legal competencia. Están muy acostumbrados los responsables de las administraciones en España a cubrirse las espaldas con cónclaves, comparecencias, que reportan bien poco, pues suelen ser un socorrido pretexto para estar en el candelero. Mas la propaganda debería ser sustituida por la eficacia; como, por ejemplo, que en los presupuestos de las administraciones supramunicipales se contemplase siquiera, en razón de sus competencias pero que los municipios sufragan, una aportación fija a estos últimos, con carácter anual. Pues la precariedad conlleva una gestión ineficaz, un deterioro de los bienes y una proyección con repercusiones hacia el exterior muy negativas.

De ser atendida la anterior demanda, para las pequeñas ciudades ‘históricas’, no solo se iría solventando la discriminación que padecen, sino que se ganaría en imagen y profesionalidad. Dado, por otra parte, que las ciudades o villas patrimoniales suelen ser cabeceras comarcales, sería también posible, con recursos, el abordar planes estratégicos, conjuntos, para el área de su influencia. Obtendríamos, así, una eficacia doblemente provechosa.