Se acaba de publicar un nuevo Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de publicación semestral. Describe cuántos empleos públicos existían en cada provincia en julio de 2024, lo que refleja el reparto del gasto público, ya que éste se dedica fundamentalmente al personal que presta los servicios.
Existe cierta estacionalidad en una parte del empleo público: en rigor hay que comparar los datos interanuales y evitar así desviaciones imputables a tal estacionalidad. En España hay tres millones cuarenta y tres mil empleos públicos, menos de un 15 % sobre la masa de cotizantes a la Seguridad Social. Respecto al año pasado, la cifra de empleados públicos creció en 41.000. Las instituciones que más engordaron, en términos relativos, son las municipales, aunque las autonomías supongan en realidad el grueso del empleo público: 1.870.000 sobre algo más de tres millones. En consecuencia, las autonomías son el mayor gestor económico del país.
En León hay unos 900 empleos públicos más que el año pasado. Proceden mayoritariamente de la contratación en entes locales. De los 33.000 empleados públicos de León, más de la mitad trabajan para la Junta. Es llamativa la diferencia con la provincia de Valladolid, que cuenta con 8.500 empleados de la Junta más que León. Valladolid supone la cuarta parte de la masa laboral de la Junta y un porcentaje aún mayor de la masa salarial. Si a esos 26.000 empleos autonómicos de Valladolid sumamos los de la fundaciones y entidades asociadas, dependientes de la Junta, o las empresas contratistas de las sedes de las consejerías, se puede decir que la Junta es la gran empresa que sustenta mucho de la economía de Valladolid. Una buena parte se sostiene con fondos autonómicos que, según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, corresponden a León.
El desequilibrio va a peor porque cada año crece la cifra de empleo público en Valladolid, es decir, crece el centralismo de la Junta. Además, evidencia que los servicios públicos son mejores en Valladolid que en León, pese a que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía establecen que se debe garantizar el equilibrio entre territorios.
Hoy en día la centralización carece de sentido, porque las telecomunicaciones hacen innecesario concentrar las sedes. En tal sentido, cabe hacer algunas recomendaciones: la conveniencia de derogar la Ley de Sedes de la Junta, completamente desfasada; la segunda, que la Junta debería descentralizar sus sedes. La última es que la autonomía leonesa deberá descentralizar, como mínimo, entre las dos grandes ciudades: León y Ponferrada, sus sedes.