La publicación de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre permite explotar estos datos del Instituto Nacional de Estadística sin la interferencia del empleo turístico del verano, que puede sesgarlos. Con esa herramienta obtenemos numerosas conclusiones siguiendo la evolución plurianual.
En primer lugar, cabe decir que las provincias con las sedes autonómicas aumentaron su volumen de trabajadores con ocupación un 54 %, entre 2000 y 2024. Frente a ellas están las que no asientan las sedes autonómicas, que aumentaron su capital humano de trabajadores ocupados solo un 42,5 %. En consecuencia, la residencia de las sedes autonómicas en una provincia, según el modelo autonómico de los 80, es desequilibrada. Con ese modelo se benefició a ciertas provincias en perjuicio de otras. Hoy no tendría sentido concentrar las sedes en un mismo lugar, para huir de tales injusticias. Las tecnologías de la comunicación lo permiten.
Por otra parte, las autonomías uniprovinciales aumentaron su población activa ocupada entre 2000 y 2024 en un 62,5 %, mientras las provincias sedes de multiprovinciales mejoraban un 47,6 % (quince puntos menos). Esto demuestra que la gestión descentralizada y uniprovincial es más eficiente. De hecho, la peor provincia sede autonómica de todo el escalafón es Valladolid, que centraliza un territorio mayor que Portugal, el más grande, con 9 provincias, y que absorbe una ingente cantidad de fondos públicos, pésimamente gestionados, desde allí. Los resultados no dan lugar a duda. Evidencia una autonomía fallida, cuyas riendas ha de tomar el Gobierno Central para reestructurarla y divididirla, a fin de lograr la eficiencia.
Las bolsas de provincias potergadas inducen la concentración del mercado de trabajo. Crean una España hemipléjica, con un levante sobreestimulado, frente al occidente minorizado. El 52 % del mercado de trabajo español se emplaza en las 8 primeras provincias por dimensión: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares, todas en la mitad sureste de la Península Ibérica. Esta realidad reclama un reequilibrio, que implica cambios territoriales.
León ocupa el puesto 33 de 50 (excluimos Ceuta y Melilla) por su Población Activa Ocupada: 176.400. Por su crecimiento en 14 años (2010-2024) ocupa el 48º. Solo este dato justifica ya la convocatoria de los sindicatos a una manifestación y a realizar cambios rupturistas que hagan revolucionar la economía leonesa. Una aplicación de fondos públicos suficiente y, añado yo, sostenida en el tiempo y con la toma de decisiones en León. Tales condiciones se corresponden con la creación de la Autonomía Leonesa.