En los últimos días, la caída de la Cooperativa LAR ha dejado a varios ganaderos de leche de la Montaña Leonesa sin recogida. Se ha buscado una solución transitoria, pero la Junta de Castilla y León se niega a ayudar económicamente estas rutas de recogida, por lo que el futuro es incierto. Se trata de la misma institución que desfavorece a otros ganaderos de montaña, al no obligar al cumplimiento de una sentencia judicial que atribuye pastos de Babia a sus ganaderos.
La provincia de León se extiende por 15.581 kms cuadrados de los que aproximadamente 10.000 son áreas de montaña y precordillera. Es una superficie superior a la de la provincia de Valladolid, la más llama de España. Han metido en la misma autonomía a la provincia más montañosa del país, León, con la más llana, Valladolid y las decisiones políticas para gestionar este disparate se toman en la villa del Pisuerga.
La Junta de León y Castilla incumple su obligación de adaptar la administración al territorio, función para la que se crearon las autonomías. Este ente admite que la variedad godello, no tradicional en Castilla, se implante en la Denominación de Origen Rueda, violando sus propios principios y perjudicando al Bierzo. También preconiza antes los regadíos de Tierra de Campos, con agua de Riaño, que los de los Payuelos, a pesar de las comparativamente abultadas pérdidas hídricas por el transporte.
El mantenimiento de actividad económica en el territorio es una variable estratégica, cuya decisión recae en las autonomías. Algunas, como la andaluza, defienden herramientas para mantener la población en los pueblos, tales como el PER. Cantabría, con buena parte de su territorio montañoso, da ayudas económicas para sostener la ganadería en esas zonas. Para estas autonomías mantener el territorio en valor es importante. Para la Junta, no. En una autonomía leonesa sería prioritario mantener la población en el territorio, pero los intereses de León no importan en Valladolid.
Hay que valorar la población residente en el campo por encima de lo empresarial: cuidan el paisaje, frenan la proliferación de maleza, mantienen la biodiversidad, garantizan la convivencia de terrenos humanizados con los naturales; una convivencia que se acompaña de fauna abundante y diversa. La despoblación de humanos, jardineros del paisaje, trae la degradación de los campos, su devaluación, el peligro de los incendios catastróficos, el predominio de actividades de escaso valor añadido: una pérdida de riqueza. Por eso los pobladores rurales deberían recibir una remuneración, en forma de incentivos o desgravaciones, por todo esto. En la Autonomía Leonesa lo tendrían.