«Te llevo a los tribunales» es una frase rimbombante, una amenaza final en apariencia civilizada y a menudo –por fortuna– un farol. Pocos llevan a alguien hasta allí, siquiera a dar un paseo. De todas las querellas que se anuncian o arrojan a la cara como un guante de brisa, no conocemos ni la milésima parte de sus resultados, porque no se producen o, tal vez, porque no satisfacen al retador. Quién sabe. Pero el hecho es que un tribunal tiene la última palabra y eso lo sabemos todos. Por ese motivo, a vueltas con la célebre amnistía, ha sido curioso comprobar las escasísimas menciones al Tribunal Constitucional. Todo el mundo opinaba sobre si esa ley iba a ser o no constitucional –¡antes de que se redactase!– cuando la opinión que cuenta de verdad es la de ese órgano jurídico, dedicado a tal fin desde el principio de los tiempos constitucionales.
Quizás no se mencione porque muchos piensan y algunos temen que dirá que sí, que la ley de amnistía es válida y constitucional. Y algunos pensarán (y quizás digan) que la aprueba porque el TC está controlado por Sánchez (estamos a un paso de esas afirmaciones), que ha colocado sus peones en él. El problema es que tal afirmación implicaría admitir que ese órgano está politizado y, por extensión, que otros también lo están en la judicatura, en ese caso por el PP, léase el Supremo y el caducado y desacreditado Consejo General del Poder Judicial, ambos salidos en tromba a apoyar las tesis de este partido antes siquiera de poder leer la ley. Se confirmaría así esa politización de la justicia y la ruptura del principio de división de poderes que tanto asusta a la derecha cuando el que «rompe la baraja» es otro.
Las tensiones de esa quiebra se registran en muchos otros países y se han convertido en epicentro de la disputa por el poder, sirva como ejemplo mayor la ubicación de jueces afines ideológicamente en el TS de EEUU, el más inquietante y durable legado de Trump. Quizás vaya siendo hora de hablar de esa fractura con normalidad y, dejando las vestiduras sin rasgar, reconocer que, igual que la prensa vive condicionada por una línea editorial que dicta su discurso, existe una «línea judicial». En declarar la desnudez del emperador puede residir parte de la solución. El espectáculo poco edificante de jueces vestidos con togas y puñetas a la puerta de los Juzgados manifestándose contra una ley aún no votada en el parlamento pone la división de poderes a la altura del fango en que chapalea todo últimamente.
En ese lodo, el Constitucional se ha convertido en el invitado necesario al que nadie menciona porque hacerlo desmantela el argumento de la derecha como un castillo de naipes de un manotazo. Si ese Tribunal desestima los recursos a la ley no dejará en evidencia a los voceras que claman por el fin de los tiempos con una banderita en ristre (que lo hacen solos con sus esperpentos), sino a quienes suspiran por una justicia independiente solo cuando les favorece.