Cabreado, sorprendido y expectante me encuentro ante el anuncio público del que hace dos meses bautizaron como Plan de Regeneración Democrática y que ahora le han hecho llamar Plan de Acción por la Democracia. El cambio de nombre es algo anecdótico, pero lo que sí es preocupante es el cómo se ha llegado a su aprobación en Consejo de Ministros esta semana y lo que intuimos que puede haber detrás de éste.
De las 31 medidas que el Gobierno quiere llevar a cabo 16 tienen relación directa con el periodismo y los medios de comunicación. Algunas de ellas son acertadas y las llevamos exigiendo desde hace mucho tiempo desde las organizaciones profesionales como es el caso de la transparencia en el reparto de la publicidad institucional. Pero no nos llevemos a equívoco, las medidas que se incluyen en este sentido se implementan por la imposición de Europa, quien ha aprobado un reglamento de obligado cumplimiento. Si tanto apuesta el Gobierno por la transparencia es paradójico que no haya sido proactivo mucho antes en esta cuestión. Ojalá que las normas impuestas desde Bruselas sirvan para acabar con esta mala praxis llevada a cabo por nuestros políticos, independientemente de su ideología.
Cabreado estoy porque hace dos meses cuando Pedro Sánchez anunció que iba a llevar a cabo el Plan de Regeneración Democrática dijo que a partir de ese momento Ernest Urtasun y Félix Bolaños liderarían una serie de conversaciones con los medios de comunicación, las organizaciones profesionales, la sociedad civil y las universidades para avanzar en las principales líneas de actuación. Dos meses después aprueban en el Consejo de Ministros su proyecto y nadie del Gobierno ha contactado con la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España.
Sorprendido estoy porque una de las medidas anunciadas es la creación de un Registro de Medios de Comunicación, que parece que se vende como el invento del siglo. El Gobierno sabe, porque así se lo hemos transmitido, que los colegios de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia ya hemos implantado en nuestros territorios un Registro Oficial de Medios Digitales. La diferencia con lo que ellos proponen es que esos registros están impulsados por los colegios, que somos organismos independientes.
Expectante por ver si en algún momento el Gobierno se digna a contar con los colegios de periodistas y por ir conociendo al detalle cómo quieren implantar cada una de las medidas y así observar si realmente quieren fortalecer la democracia o, por el contrario, su objetivo es coartar la libertad de prensa y el derecho a la información.