Matemos al periodista

Tras lo vivido durante los últimos días entenderán a la perfección por qué nuestro país está en el puesto número 29 en el ranking de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Es más, considero que nos hemos ganado a pulso descender unos cuantos puestos más. Espero que los compañeros de RSF estén tomando nota de los acontecimientos protagonizados por nuestros amados líderes políticos y así cuando actualicen dicha clasificación, a más de uno se le caiga la cara de vergüenza.

Es de primer curso de Libertad de Prensa saber que los medios de comunicación y los periodistas deben ejercer de controladores de los poderes públicos. O dicho de otra manera, es de primer curso de Camino hacia una Dictadura desprestigiar, insultar y señalar públicamente a los periodistas y a los medios de comunicación para intimidarles e intentar influir en su labor periodística. Lo más llamativo y paradójico es que los últimos ataques directos a la Libertad de Prensa y al Derecho a la Información proceden de ambos extremos. A pesar de habitar supuestamente en las antípodas uno de otro, los dos coinciden en atacar de manera reiterada y descarada al periodismo patrio. Hace unas semanas, Vox volvía a protagonizar un veto a los periodistas, prohibiendo a los compañeros de El País participar en la primera rueda de prensa presencial de este partido político tras el levantamiento del estado de alarma. Y desde hace unos días, los ‘Pablos’ de Unidas Podemos se han puesto el disfraz de Pontífices de la Verdad y han comenzado a dar y quitar títulos de periodistas y a señalar públicamente a aquellos profesionales y medios de comunicación que, según su criterio, huelen a cloaca. Será casualidad o no, quién sabe, pero en el caso de Vox y Unidas Podemos los ataques se dirigen a periodistas y medios de comunicación que publican informaciones que van contra los intereses de ambos partidos.

Nuestros queridos dirigentes deben saber que como representantes públicos deben estar sometidos al escrutinio de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía. Lógicamente, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información no soporta todo ni es patente de corso para cometer todo tipo de salvajadas. Los políticos que consideren que algún periodista o medio de comunicación se extralimita en sus funciones e incumple el código deontológico de la profesión o la legalidad vigente tienen herramientas para denunciarlo. Estas se llaman Comisiones Deontológicas y Tribunales de Justicia. Pero les gusta más vestirse de justicieros y tomar el atajo de la intimidación y del señalamiento público.

No sé si será olor a cloaca, pero desde luego huele muy mal en una sociedad democrática cuando el vicepresidente del Gobierno opta por ese atajo y se cree con el poder de aplicar el ‘presunto’ a un periodista. Y la intensidad del olor va en aumento cuando tras las reprobaciones públicas de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y de periodistas de numerosos medios de comunicación de nuestro país, independientemente de su línea editorial, intenta justificar el insulto como algo normal en una democracia y para ello utiliza el truco barato de poner al mismo nivel a un político y a un periodista. Soy consciente de que a él le encantaría ejercer de controlador de los periodistas, pero se ha olvidado de que es a la inversa. Siempre y cuando nos estamos refiriendo a un sistema democrático, que a lo mejor ahí está la confusión.

Luego nos escandalizamos de las agresiones cada vez más habituales a periodistas en manifestaciones en nuestro país. Se empieza justificando y normalizando el insulto a los periodistas, se continúa echando gasolina señalando públicamente al supuesto enemigo y se acaba con la agresión física a manos de la marabunta. En las manos y en la conciencia de nuestros políticos está pasar o no al siguiente nivel en el acoso y derribo al periodismo, uno de los pilares sobre los que se debe sustentar cualquier sociedad democrática.