Como la mayoría de ustedes sabrán y muchos de ustedes sufrirán, el Gobierno está empeñado en acabar con el modelo de asistencia sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en virtud del cual, los funcionarios pueden elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada. Esto implica que, salvo acuerdo de última hora del Gobierno con las aseguradoras, un millón de funcionarios tendrán que empezar a «disfrutar» de la sanidad pública y del Estado del Bienestar.
Este tema de Muface daría para hablar largo y tendido de todas las circunstancias que lo rodean, pero, lamentablemente, intereses electoralistas en los distintos partidos, están impidiendo que se analice en profundidad todos los aspectos claves. Es un tema a abordar, pero desde distintos prismas: sanitarios, económicos, igualdad entre españoles y libertad de elección.
Está claro que, para un gobierno sociocomunista como el que tenemos, cualquier atisbo de libertad de elección en el campo de la sanidad y/o en el campo de la educación, les chirría y les resulta incoherente y hasta «peligroso». Incoherente porque no pueden, por un lado, llenárseles la boca de la calidad de los servicios públicos y por el otro, facilitar que sus propios empleados públicos recurran a la sanidad privada. «Peligroso» porque, al igual que sucede con la educación concertada, que la gente pueda probar entre el servicio público y el servicio privado (o concertado), puede dejar en evidencia su falta de gestión.
El caso es que del millón y medio de mutualistas de Muface, algo más de un millón elige recibir asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas, lo que supone que, casi el 70% de los mutualistas, eligen lo privado frente a lo público. En el discurso socialista que nos venden en España desde que nacemos (lo público es bueno y lo privado malo y depravado) este tipo de datos les desbarata el argumentario.
Mucho se ha dicho de lo que puede suponer para la Sanidad que ese millón de funcionarios pase a formar parte de la Seguridad Social: incremento de las listas de espera, qué pasa con los tratamientos que están en proceso, cómo se va a transferir los historiales médicos… No se puede mantener con ese grado de angustia a gente que ve que, si no hay novedades, a partir del 31 de enero de 2025 no sabrá quién les tendrá que hacer el seguimiento a sus enfermedades. Es intolerable.
Dicho lo cual, como liberal, tampoco me parece de recibo que sólo se les permita la opción de elegir entre sanidad pública o privada a los funcionarios. ¿Por qué un funcionario, con su trabajo asegurado de por vida, puede además eludir las listas de espera sanitarias, mientras el común de los asalariados nos tenemos que conformar con la Seguridad Social o pagar además un seguro privado? ¿no sería más lógico aplicar como en Países Bajos un bono sanitario para que cada español elija que tipo de sanidad quiere?
¿No sería más justo que todos los españoles tengamos la misma capacidad de elegir?