Cada uno tenemos nuestros problemas domésticos y proyectos personales. Tal es así, que nos dedicamos a ir solucionando las cosas del día a día, sin prestar atención, en muchos casos, a cómo van quitándonos derechos y tomándonos el pelo. Nos centramos en lo urgente y dejamos de prestar atención a lo importante.
Hay mucha persona bienintencionada que siente que lo que sucede a nivel político no va con él o ella, te dicen que a ellos no les importa la amnistía, los pactos con Bildu o la desintegración de España porque eso no son cosas de comer y que a ellos lo que les preocupa es cómo llegar a fin de mes, pagar el alquiler o la hipoteca y ahorrar algo para las vacaciones.
También, este tipo de personas, suele aborrecer la gresca política y tachan de infantil eso que llaman el «y tú más» cuando un partido muestra las contradicciones del otro en la crítica política o la búsqueda de responsabilidades.
Del mismo modo, esta gente de la que les hablo, que ya han perdido cualquier tipo de fe y esperanza en la clase política, cuando les dices que ojo con los pasos que se van dando hacia la pérdida de libertades individuales y de la democracia, te llaman exagerado o te miran con cara de incredulidad pensando que aquello que hemos ganado en derechos durante años, nunca lo vamos a perder. Están totalmente equivocados, los derechos fundamentales cuestan mucho conseguirlos y se pueden perder más fácilmente de lo que pensamos.
Es imposible hacerles entrar en razón y desde su buena intención y su visión cortoplacista del que trabaja todo el día de sol a sol, lo que consiguen con su indiferencia, es dar la coartada ideal a políticos sin escrúpulos, para que sigan haciendo (cada vez con menos pudor) de su capa un sayo.
Lo que está pasando últimamente en España no debería dejar indiferente a nadie. Cada día son cosas más absolutamente demenciales las que presenciamos frente a la indiferencia de unos y la indignación de otros.
Para los que me digan que exagero en eso de la pérdida de derechos fundamentales, tenemos el caso reciente de la polémica construida desde el Gobierno y medios de comunicación afines, para intentar acabar políticamente con Isabel Díaz Ayuso a través de temas fiscales de su actual pareja, por unas sospechas que, aunque fuesen ciertas, se habrían producido años antes de iniciar la relación sentimental con Ayuso.
En este asunto, donde está la tremenda pérdida de derechos fundamentales, la tenemos cuando la ministra de Hacienda, aprovechándose de su condición y poniendo los recursos públicos de su ministerio al servicio de su partido político, se salta a la torera cualquier derecho a la confidencialidad y la protección de datos, para filtrar detalles de una inspección de Hacienda a un ciudadano anónimo, pareja de la que es el azote de Sánchez.
Si dejamos pasar que un cargo político que tendría que estar al servicio público, utilice los recursos del Estado para su propio beneficio, estaremos un pasito más cerca de perder la democracia.