Dos años y tres meses. Ese es el tiempo exacto que ha durado el gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León que conformaron en marzo del 2022 el Partido Popular y Vox. Un hito que pasará a la historia como la primera vez que el partido de Santiago Abascal consiguió tocar el poder a gran escala en una autonomía.
Como se suele decir, lo que mal empieza mal acaba. Tras un acuerdo que se materializó tan solo unos minutos antes del pleno de constitución de la XI Legislatura y en el que los del partido ultraconservador consiguieron una vicepresidencia, tres Consejerías y la presidencia de las Cortes, la estrategia nacional ha terminado por derribar lo que cada vez se parecía más a un castillo de naipes.
Debo reconocer que me esperaba un golpe en la mesa por parte de los políticos autonómicos hacia un Abascal en horas bajas, un movimiento de resistencia ante una imposición que solo se puede leer en tono de estrategia electoral futura. Tras la frenada en seco de la ultraderecha en Francia y una victoria casi histórica de la izquierda en Reino Unido, romper gobiernos de derechas no suena como la opción más inteligente a corto plazo. Aunque es verdad que electoralmente se puede sacar más rentabilidad desde una cómoda oposición en comparación con un gobierno lleno de culpables.
Aun así, a excepción del consejero Santonja, que sí seguirá como titular de Cultura y Deportes, Veganzones ha tenido que decir adiós a Empleo y Dueñas tres cuartos de lo mismo con Agricultura. Pero el varapalo más grande se lo ha llevado Gallardo, a quien 21 niños le han arrebatado una vicepresidencia que él, por voluntad propia, no quería dejar.
Allanado queda el camino para Mañueco quien, con los presupuestos aprobados, podrá ir negociando con los demás grupos políticos para buscar apoyos temporales. El salmantino ha asegurado que no necesita convocar elecciones, algo que comparto porque su estrategia depende del desgaste que sufra Sánchez con el paso del tiempo en el Gobierno de España.
Además, se ha librado de un plumazo y sin que ninguna responsabilidad caiga sobre los ‘populares’ de un socio de gobierno que no hizo más que saltar de polémica en polémica durante estos dos años. Cabe recordar la crisis de la tuberculosis bovina, las incesantes dimisiones en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, o las polémicas generadas por Gallardo en temas de inmigración, maternidad y abortos.
No es casualidad que su sustituta sea la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con un perfil feminista dentro de las filas azules que históricamente ha abogado por unas políticas calmadas, sensatas y sociales. No hay dos sin tres, y parece que los últimos gobiernos de Castilla y León están abocados a finales tristes que acaban disolviendo partidos. Si no, que le pregunten a Ciudadanos.