Desde que se rompió el primer gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox los populares han querido borrar cuanto antes el paso de los de Abascal por la Junta de Castilla y León. Sus gestos y decisiones más aireadas buscan descaradamente marcar esa distancia que ha existido siempre aunque la disimularán a duras penas durante dos años y casi tres meses. El proyecto de Presupuestos para 2025 del gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco recupera las ayudas a los sindicatos doblando incluso el presupuesto del Serla que tanto crispó el ambiente en la primera mitad de legislatura. También mantiene las aportaciones a distintas ONG que trabajan con migrantes. Ambas eran líneas rojas marcadas por Vox para apoyar las cuentas.
Estos desaires se suman a todo lo sucedido durante el trimestre que Juan García-Gallardo lleva en el frío banco de la oposición. El PP dejó caer la cuestionada Ley de Concordia y votó en contra de dos proposiciones de ley de Vox para rebajar impuestos y una moción sobre empleo y diálogo social que fue otro de los puntos calientes de su etapa como socios. El presidente nueve días después de la ruptura capitaneó orgulloso la reconstrucción de lo arrinconado durante la coalición. Sin embargo esta estrategia o es puro teatro o no permite la intención del PP, al menos en público, de agotar la legislatura. No habrá presupuestos sin el apoyo de Vox a no ser que la conversión de Luis Tudanca (mientras siga liderando el PSOE autonómico) sea tan radical que se abra a dar estabilidad al ejecutivo. Y sin presupuestos Mañueco solo puede hacerse un Sánchez o convocar elecciones. Para unas elecciones próximas, por ejemplo en primavera, encaja esta encarnizada confrontación total. Un viaje al centro que ensanche su granero de votos y permita olvidar a un Vox arrinconado entre las minorías innecesarias. Porque solo una mayoría absoluta evitará forzar entonces la reconciliación. Aquello tan recurrente en política de olvidar lo olvidado.