Parece mentira que tanto avance y tanto desarrollo tecnológico no hayan contribuido a mejorar nuestra calidad de vida y que nuestro nivel de bienestar y seguridad sea muy inferior al que vivimos de niños con nuestros padres en generaciones pasadas, en las que el sueldo de un solo progenitor bastaba para comprar una vivienda, poder cambiar de coche cada cuatro años y disfrutar en agosto de quince días de playa.
España es el cuarto país de la UE con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Más de uno de cada cuatro españoles se encuentra en esta franja, solo por debajo de Rumanía, Bulgaria y Grecia. La mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Muchos jóvenes necesitan compatibilizar dos o tres trabajos para poder pagar un alquiler en muchos casos compartido, es decir, trabajan unas dieciséis horas para sobrevivir, porque eso no es vivir. Muchos otros emigran contra su voluntad. Y entre los demandantes de empleo hay muchas personas con estudios superiores dentro de unidades familiares constituidas por familias con niños.
La dificultad de acceder a una vivienda digna es un auténtico problema tanto por lo elevado de muchas hipotecas como por los precios estratosféricos del alquiler. La precariedad laboral, la mala gestión de algunas prestaciones, como el IMV, que ha llegado solamente al 20,8 % de los hogares que lo necesitan y con una eficacia relativa, dado que muchos perceptores han denunciado en Bruselas al ministro Escrivá por generarles situaciones de deuda y desamparo que se resuelven con silencios administrativos.
Observando la deriva del mundo, la guerra de Ucrania, el conflicto palestino-israelí, es verdad que todavía podríamos estar peor. Pero la inflación desorbitada, la inestabilidad de los gobiernos y sus despilfarros y ambigüedades, la incertidumbre, nos está matando vivos. Frente a esto solo queda decir: no nos callemos, urge una resistencia civil.