La relación entre periodistas, sus grupos editoriales y los políticos, es muy compleja. En muchos medios, aunque por fortuna no en todos y gracias a Dios cada vez en menos, existe una especie de simbiosis entre el poder político y el contrapoder de la prensa. Esta relación, en no pocas ocasiones, se vuelve necesariamente vital para medios de comunicación y partidos políticos, de forma que unos no son nadie sin los otros.
No cabe duda de que una pieza clave en las democracias, son unos medios de comunicación libres que pongan el foco de atención de la opinión pública en temas que a priori pueden pasar desapercibidos y ayuden a la fiscalización de las actuaciones de gobierno en cualquier ámbito territorial.
Pero, por desgracia, los medios de comunicación no son «seres de luz» que se alimenten del éter que cubre la tierra. Los medios de comunicación, como cualquier empresa, tiene que pagar sus gastos, cumplir con sus nóminas, hacer que la cuenta de resultados cada año arroje beneficios…
Indudablemente, los medios de comunicación realizan un servicio público importantísimo, informando y entreteniendo a los ciudadanos, motivo por el cual, es hasta cierto punto comprensible que todos colaboremos, con lo que nos quitan cada día en forma de impuestos, para procurar que el ecosistema periodístico se mantenga y si es necesario, arrimemos el hombro para garantizar pluralidad.
Sin embargo, como en tantas otras cosas que pasan por la mano del hombre, esta relación de política, periodismo y Estado, puede llegar a pervertirse cuando del uso se hace abuso y no me dirán que no existe abuso cuando el Gobierno, estos últimos años, destaca como el mayor anunciante en medios de comunicación de España. El pasado 2023 el Gobierno destinó 90 millones de euros de sus impuestos en publicidad, cantidad a la que habría que sumar más de 100 millones de euros de empresas y organismos públicos autónomos como Renfe, AENA, Paradores, Loterías, Correos…
Esto lo que provoca es que ciertos medios recurran a una especie de «chantaje» hacia políticos y administraciones que no pasen «por caja», dedicándoles día sí, día también, páginas e informativos de hostigamiento y, por otro lado, que ciertos políticos tengan la tentación de untar de dinero público a los medios que mejor hablen de ellos.
Ahora, con el nuevo plan de Sánchez para controlar a los medios de comunicación, señalando desde los ministerios que es o no fakenews, se da una nueva vuelta de tuerca, pasando desde el Gobierno a la acción, dando dinero público a medios afines, mientras se garantiza herramientas para que los medios críticos salgan muy mal parados en el reparto de esos fondos públicos.
Volvemos a ser todos corresponsables, pero, en este caso, en mayor medida, el conjunto de medios de comunicación, que pasan de puntillas al hablar de este ‘Plan de Acción para la Democracia’ o que se ignore y se señale a compañeros periodistas en ruedas de prensa, por miedo a lo que pueda pasar.
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…