Soy consciente de que actualmente y debido a la polarización y crispación que nos están consumiendo es difícil llegar a un acuerdo mayoritario sobre cuestiones de diversa índole, pero creo no equivocarme si digo que la inmensa mayoría de los mortales patrios coincidimos en la necesidad imperiosa de mejorar y reforzar nuestra democracia. El problema viene sobre las medidas a adoptar para llevar a cabo dicha regeneración, ya que aquí salen al ruedo los miuras de las diferentes ganaderías ideológicas. El espectáculo dantesco que está teniendo lugar en la plaza del Congreso nos demuestra que realmente no se busca el interés general, sino empitonar al resto de morlacos marcados con la divisa de siglas políticas diferentes a las tuyas.
Una de las protagonistas en el cartel de la corrida de este miércoles en el Congreso era la nueva Ley de Publicidad Institucional. Los diestros Pedro Sánchez y Yolanda Díaz habían calentado el ambiente anunciando que iban a presentar la nueva ley, pero en el momento en el que se abrió la puerta de toriles, por ahí no salió nada. Tanta expectación para nada. Desde hace semanas las organizaciones profesionales periodísticas de este país habíamos denunciado que era inaceptable que se fueran a llevar a cabo dichas modificaciones sin contar con la opinión de los periodistas, las empresas del sector y la Academia. Desconozco el motivo real de esta espantada, ya que eso sólo lo saben ellos y sus cuadrillas, pero es una buena noticia que hayan anunciado que escucharán a todo el que quiera aportar algo. En semanas o meses veremos si además de escucharnos, tienen en cuenta lo que digamos.
Es necesario modificar la Ley de Publicidad Institucional, pero no de manera unilateral como se pretendía. No sólo el Gobierno de Pedro Sánchez, sino los anteriores moradores de la Moncloa, así como presidentes autonómicos han utilizado y utilizan la publicidad institucional para premiar a medios afines y castigar a aquellos que se muestran más críticos. Esta desviación debe ser corregida, pero a través de un consenso de todas las partes implicadas. Es la única manera de que no se quiera utilizar dicha ley con fines partidistas y con el objetivo de asfixiar económicamente a los medios que sean molestos para unos u otros.
Ahora sólo nos queda esperar para ver si la libertad de prensa sale por la puerta grande o herida de muerte. Eso sí, debemos partir de dos premisas básicas, cuando un Gobierno, independientemente de su ideología, sea el que decida lo que es verdad o mentira o qué es o no un medio de comunicación, la democracia habrá sido descabellada.