Sé que no es buena semana para hablar del papel que debe jugar la Justicia en una democracia. Es cierto que sobre un mismo asunto pueden existir opiniones diversas, pero las decisiones judiciales deben aceptarse si queremos vivir en una democracia. Si no asumimos que quien debe juzgar un hecho es un juez, nos estamos metiendo en un buen lío.
El problema que tenemos en nuestro país es que cada vez tienen más fuerza los juicios de barra de bar. Una vez que se le acusa a alguien de algo, automáticamente el populacho vocifera su sentencia. Da lo mismo que no sepamos toda la información que rodea al caso, el susodicho es culpable y listo. Por eso me hace mucha gracia cada vez que escucho a alguien hablar de la presunción de inocencia. Los juicios paralelos, amplificados en la actualidad con las redes sociales, llevan actualmente la voz cantante en nuestra sociedad. Es más, hasta los partidos políticos se han dejado llevar por las sentencias del pueblo y para reducir al máximo posible efectos negativos a su imagen, toman a veces medidas que el paso del tiempo demuestra que han sido quizás desproporcionadas.
En muchas ocasiones un juez ratifica meses o años después que el político investigado ha cometido un acto ilegal. ¿Pero qué hacemos con aquellos casos en los que dichos políticos son absueltos? ¿Existe algún modo de compensar el daño causado por el juicio paralelo y por la conducta de sus propios partidos? Hace dos meses se archivó la causa abierta a la dirigente de Compromís Mónica Oltra tras ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido en un centro de menores. Hace unos días el expresidente de la Generalitat Valenciana del PP Francisco Camps ha sido absuelto de la última causa pendiente que tenía de la trama Gürtel. ¿Y ahora qué hacemos con todas las personas que ya les juzgaron y sentenciaron antes de que lo hiciera un juez? Lo más patético es que hay quienes dependiendo de qué pie cojean, aplauden una de las absoluciones y la otra la achacan a un juez perverso.
Los casos de Oltra y Camps demuestran que una persona que está siendo investigada o es imputada no es sinónimo de que sea un delincuente. Sé que hoy en día decir esto parece una utopía, pero dejemos trabajar con libertad a los jueces, respetemos la presunción de inocencia y acatemos sus decisiones independientemente de si coinciden o no con lo que nos gustaría que sucediera. Si permitimos que la clase política o la marabunta social sean los que se pongan la toga y juzguen, habremos enterrado a nuestra democracia.